Distintos diagnósticos sobre la educación en América Latina y el Caribe desde tiempo atrás exponen, con relativa claridad, los problemas y causas que tienen a la región continental en un marasmo: progresos lentos, estancamientos prolongados y financiamiento insuficiente. Desechadas las generalizaciones por las historias, singularidades y comportamientos gubernamentales, es posible dibujar en trazos amplios los desafíos que encaran los sistemas escolares. Era así antes del Covid-19; después, el escenario se pintó de colores más angustiosos lastimando las pretensiones de mejora, asevera Juan Carlos Yañez Velazco, de “El Diario de la Educación” (España).
En el estudio “La urgencia de la recuperación educativa en América Latina y el Caribe”, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) puntualiza la magnitud del retroceso educativo causado por la pandemia en sus diferentes dimensiones, y afirma que, si los países no adoptan una respuesta sistémica e integral, las consecuencias de la crisis afectarán por muchos años el aprendizaje del estudiantado de la región.
Más allá de voluntades e intenciones, las conclusiones dejan pocos motivos para el optimismo. La pandemia, que cerró parcial o totalmente las escuelas en la región durante 62 semanas, profundizó desigualdades y ralentizó avances en la incorporación de más estudiantes a los sistemas escolares, lo que se califica como: “un retroceso en las principales variables educativas, en magnitudes aún difíciles de dimensionar”. La expresión estremece: los efectos del estancamiento son incalculables y durarán mucho tiempo, advierten los redactores.
Una de las principales barreras para el crecimiento de los países de América Latina es la desigualdad en diversos aspectos sociales, sin embargo, la que existe en la educación está presente desde los primeros años de vida. La brecha de desigualdad en la educación no solo se refleja en las diferencias, en los recursos didácticos disponibles, la infraestructura y la calidad educativa, sino también en el acceso y oportunidades de educación formal desde la primera etapa escolar, comenta Valeria González, de Infobae.
La investigación de la UNESCO admite que los gobiernos han realizado grandes esfuerzos para poder responder a los desafíos de la crisis educativa ocasionada por la pandemia, cuyos resultados se reconocen en la rápida recuperación en 2022 de algunos indicadores clave, aunque persisten deudas históricas en términos de aprendizaje, equidad, y logros educativos.
Pese a estos esfuerzos materializados en una variedad de acciones de política pública, en la mayoría de los casos no ha tenido un enfoque integral, sistémico y coordinado. Por ello, la recuperación de aprendizajes sigue siendo una cuenta pendiente en gran parte de la región. Más allá de voluntades e intenciones, las conclusiones del estudio dejan pocos motivos para el optimismo. La pandemia profundizó desigualdades y ralentizó avances en la incorporación de más estudiantes a los sistemas escolares. La expresión estremece: los efectos del estancamiento son incalculables y durarán mucho tiempo, advierten los redactores.
El incremento de la desigualdad en aprendizajes es notorio: los pobres, habitantes de zonas rurales e indígenas son los desfavorecidos. A cambio, se avanzó en el desarrollo de sistemas de alerta temprana y una serie de iniciativas en distintos campos, como la preparación socioemocional de estudiantes y profesores, currículum, formación docente y nuevas políticas de evaluación, todas con diversas propuestas, énfasis y olvidos. En este sentido, destaca el papel secundario que ocupan los docentes, quienes de nuevo no estuvieron en el centro de la agenda política: “el replanteo integral de la carrera docente” es un desafío abierto, afirma el documento.
La UNESCO recalca la necesidad de una educación de calidad para romper el ciclo de pobreza y alcanzar la igualdad de género. Asimismo, enfatiza en la urgencia de implementar un modelo educativo inclusivo y equitativo. A la distancia, parte de la emergencia educativa está ligada a los retrocesos que generó la pandemia, que también afectó la socialización y la seguridad en la población entre 5 a 20 años de edad, por lo que la recuperación y las acciones que se hagan en función de ella deben abordarse desde la resiliencia y un desarrollo sostenible, impulsando conocimientos y valores que permitan a los estudiantes desenvolverse como ciudadanos comprometidos con el medio ambiente y la igualdad de género.
En México, el 15.9% de la población escolar entre 3 y 21 años no cuenta con educación obligatoria y un 36.7% de mayores de 22 años no han completado la educación media superior, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Recientemente el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos dio a conocer una disminución en los índices de analfabetismo en el país, aun así, los retos son mayúsculos.
Finalmente, el sector educativo encaró la pandemia sin recursos adicionales. La conclusión en esta tendencia inquieta: no fue prioridad asignar fondos suplementarios, como demuestran con el análisis de gasto con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) o al porcentaje del gasto público total. El problema no nació en la pandemia: el gasto educativo como porcentaje del gasto social “viene descendiendo sostenidamente en los últimos cinco años”.
De 22 países analizados, 9 no alcanzaron los dos umbrales mínimos de financiamiento sugeridos en el Marco de Acción para la Educación 2030: el 4% del PIB y 15% del gasto público total. México asigna el 3.24% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esta cifra está por debajo de los niveles previos a la pandemia (3.84% del PIB) y también por debajo de la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, que sugiere un rango entre el 4% y el 6% del PIB. Los efectos de estancamiento educativo son incalculables.
