Miguel Ángel Yunes Linares planteó ayer su verdad, logros que observa en sus dos años como gobernador, durante la comparecencia ante el Congreso del estado.
Sus mayores méritos es haber sido el primer gobernador de transición que sacó al PRI de Palacio de Gobierno; la persecución que emprendió contra tres exgobernadores (Fidel Herrera, Javier Duarte y Flavino Ríos) logrando meter a sólo uno de ellos a la cárcel, a éste último y no por delito de corrupción, y ya libre por amparo de la justicia federal, sin incluir a Duarte que lo apresó la PGR; recuperar mil 200 millones de pesos, de los más de 40 mil millones de pesos en desvíos documentados por la Auditoría Superior de la Federación, y resolver en dos años el grave problema de crisis financiera que padeció el gobierno de Veracruz. No cumplió su promesa de acabar con la inseguridad y violencia en seis meses ni en dos años, todo lo contrario, aumentó. Decir que erradicó la corrupción es una afirmación aventurada, por prematura; se tendrá que esperar si resultan solventadas las observaciones del Orfis a la cuenta pública de 2017 y la revisión que se haga a la de 2018, sólo hasta entonces cabría esa aserción. ¿Respeto a la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial en el bienio?, es una declaración controversial si se alude cómo se manejaron muchos asuntos de administración de justicia relacionados a las persecuciones de ‘duartistas’ y, en otro caso, los casos públicos y notorios de la designación del “fiscal autónomo” del estado en la persona de Jorge Winckler Ortiz, abogado cercano a él y su familia, y del fiscal anticorrupción que resultó una burda y amañada imposición de Marcos Even Torres Zamudio, empleado del propio Winckler, por una mayoría panista que obedecía a sus intereses. No hubo cambios en aspectos que presumió, una de ellas que generaron las mayores críticas fue impulsar a su hijo Miguel para sucederlo en el cargo, donde fracasó, y esa derrota se atribuye al rechazo a su trabajo en el gobierno. Habrá tiempo para ir desglosando los claroscuros en del gobierno saliente, cuya calificación no es ajena al resultado electoral del pasado primero de julio en el estado, donde Morena arrasó y le quitó la oportunidad de apoderarse del control del gobierno veracruzano, como era su plan.
MORENA, POR DECRETO REMOVERÁ A Winckler. Con la propuesta del diputado morenista Víctor Emmanuel Vargas Barrientos de una iniciativa con proyecto de decreto para facultar al Congreso del Estado de remover al fiscal general del estado en los casos que lo considere necesario y por la probable comisión de hechos constitutivos de delito, como lo señala un abogado porteño, quedará escriturada la inminente salida de Jorge Winckler Ortiz de la FGE en los primeros días o semanas del gobierno entrante. Es decir, la salida de dicho funcionario no será por la vía del juicio político, como se esperaba. Es innecesario si se aprueba tal iniciativa para hacer una adición a la fracción XLIV del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, la cual fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para ser dictaminada, y que por supuesto aprobarán con la mayoría de la bancada de Morena, a cuyos militantes y operadores políticos, Winckler intimidara, incluidos también alcaldes y candidatos de este partido, con fincarles responsabilidades penales sólo con el propósito de intimidarlos; lo último fue la intención de abrirles proceso por tomar las instalaciones de la Cámara de Diputados para evitar que la mayoría panista de la Legislatura anterior aprobara dictámenes de última hora como la creación del municipio 213 de Tres Zapotes para entregárselo a su aliada perredista Jazmín Copete Zapot, o la entrega en comodato de instalaciones propiedad del Gobierno del Estado como el auditorio Benito Juárez y el parque Cri-Cri al Ayuntamiento porteño de filiación panista. Al fiscal le convendría, en todo caso, renunciar antes de que lo renuncien.
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