El Congreso del Estado fue emplazado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para regular las candidaturas para personas con discapacidad y que se legisle a modo de que puedan formar parte de los órganos electorales al momento de la organización de las elecciones.
Contexto
Fue hace cuatro años, en 2020, cuando la ciudadana Marión Isabel Cortés Sarmiento, débil visual, promovió un juicio de protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en el que señalaba que el Congreso del Estado era omiso en su responsabilidad de garantizar cuotas, en la asignación de candidaturas, a personas con discapacidad.
El tribunal local aseguró que el Congreso no era omiso, no obstante, le pidió que realizara las acciones legislativas pertinentes para poder establecer en el código electoral los mecanismos de elección para personas con discapacidad.
La quejosa recurrió la resolución del TEEV, a través de la Sala Regional se revirtió la sentencia de los magistrados locales y se confirmó que el Congreso incumplía con su obligación de legislar a favor de personas discapacitadas. Esa sentencia, fue ratificada por la Sala Superior del TEPJF.
Además, se observó que el Congreso de Veracruz, con mayoría de Morena, fue omiso de legislar, tal como se ordenó desde un primer momento por el Tribunal local que debían establecer las reglas para garantizar cuotas a personas con alguna discapacidad, con la idea de que estén representados en el poder legislativo.
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“De acuerdo con las resoluciones emitidos por el Tribunal Electoral de Veracruz, se desprenden las obligaciones siguientes para el Poder Legislativo: diseñar e implementar los mecanismos necesarios para garantizar la realización de los derechos políticos de las personas con discapacidad a votar y ser votados, procurando en todo caso su idoneidad y proporcionalidad; garantizando en todo caso el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, con la finalidad de tomar su opinión, y de esa manera se atienda su perspectiva y propuestas sobre la forma en que eventualmente, se habrá de regular su participación electoral”, señala la sentencia.
Ante ello, se determinó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Legislativo organice una consulta pública para establecer los lineamientos que llevarán a garantizar cuotas en la asignación de candidaturas.
Asimismo, se determinen los mecanismos para que personas con alguna discapacidad puedan ser incorporadas al trabajo en órganos desconcentrados, encargados de la organización de las elecciones locales.
Como el Congreso no atendió el requerimiento, la misma sentencia establece que las modificaciones a la ley serán aplicables hasta la elección del 2025, cuando habrán de renovarse los 212 Ayuntamientos.
En el actual proceso electoral el INE y el OPLE implementaron acciones afirmativas por las que se ceden dos posiciones en las listas de plurinominales a quien cuente con alguna discapacidad.
