Los ataques a las autoridades locales son un problema grave en México, siendo Veracruz uno de los estados más afectados con, al menos, 125 eventos de violencia dirigidos contra funcionarios públicos entre 2018 y 2022, según una investigación del Proyecto de Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el informe “Administración de la violencia: un proyecto especial sobre la violencia dirigida a los funcionarios locales en México”, la violencia contra los funcionarios públicos en Veracruz se correlaciona con la actividad de los grupos criminales.
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¿En qué temporadas ocurren más ataques a funcionarias y funcionarios?
Los datos de ACLED indican que los niveles de violencia dirigidos a los funcionarios locales suelen fluctuar de acuerdo con los ciclos electorales. Algunos de los niveles más altos de violencia se registraron en 2018 durante las elecciones generales de México y en 2021 durante las elecciones de diputados federales, gobernadores estatales, congresos estatales y autoridades municipales.
Aunque rara vez son procesados e identificados, se cree que algunos políticos utilizan los “servicios de ejecutores no partidistas” para amenazar o atacar a sus oponentes.
En ese sentido, ACLED mencionar que el 4 de junio de 2021, el coordinador de campaña del candidato a la alcaldía René Tovar en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, ordenó un ataque a Tovar para sustituirlo en el cargo. Del mismo modo, un candidato del partido Movimiento Ciudadano en las elecciones municipales de Cocula, Guerrero, informó que había recibido amenazas de su oponente del partido Morena.
Agrega que las participaciones de los actores criminales, políticos y privados en los resultados de las elecciones locales han llevado a altos niveles de violencia tanto en el período previo a las elecciones como durante la votación.
Aunque los registros sobre conflictos electorales ocurridos el día de la votación han permitido al Instituto Nacional Electoral (INE) identificar a los municipios en riesgo de violencia antes de las elecciones generales programadas para 2024, los ataques violentos van más allá de los principales períodos electorales.
“Los grupos criminales se han dirigido notablemente a las autoridades locales más allá de las elecciones, exigiendo represalias contra los funcionarios que no cumplen con los acuerdos preelectorales e impiden las operaciones de seguridad contra sus actividades”, refiere ACLED.
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Estos grupos, señala el informe, también han atacado con frecuencia a los funcionarios locales debido a su colaboración con grupos rivales.
¿Cuándo se prevé que ocurra violencia?
Se espera que las próximas elecciones generales de 2024 en México exacerben las tensiones y aumenten los riesgos para los funcionarios y candidatos locales. La competencia para asegurar escaños electorales puede intensificar las amenazas y los actos de violencia.
Las reformas del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen el potencial de complicar aún más el panorama electoral, ya que los recortes presupuestarios y de personal podrían obstaculizar la capacidad de supervisión y arbitraje de la institución.
El informe destaca las limitaciones de los mecanismos de protección para los funcionarios locales. Actualmente centralizados a nivel federal, estos mecanismos se enfrentan a desafíos debido a la falta de confianza y colaboración entre las autoridades federales y locales.
La vulnerabilidad de los funcionarios se ve subrayada aún más por el alto número de casos reportados en los que las amenazas fueron seguidas por asesinatos.
ACLED considera como probable que la violencia contra los funcionarios locales en México no se denuncie lo suficiente, ya que muchos incidentes no se registran o se publican. También señala que alcance real de la violencia y la presión psicológica sobre los funcionarios del gobierno es aún más significativo que las cifras reportadas.
Asimismo, la investigación identifica una serie de factores que contribuyen a la selección de funcionarios locales en México, entre los que se incluyen: el débil estado de derecho del país, la presencia de grupos del crimen organizado y la falta de seguridad para los funcionarios locales.
“El débil Estado de Derecho en México dificulta el enjuiciamiento de los responsables de la violencia contra los funcionarios locales y la falta de seguridad para los funcionarios los convierte en objetivos fáciles para la violencia”, refiere.
El informe también subraya la necesidad de ir más allá de la narrativa predominante de la violencia dirigida a los funcionarios locales en México. Si bien el crimen organizado juega un papel importante, la compleja dinámica de las disputas locales, la competencia de élite y los mecanismos de protección inadecuados contribuyen a la violencia.
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¿Dónde están los focos de violencia?
Según el informe de ACLED, el ataque a los funcionarios locales se produce en los 32 estados del país, sin embargo, la distribución de la violencia no es uniforme. Los focos de violencia se centran en los estados del sur-sureste y centro-oeste.
En Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, la violencia contra los funcionarios públicos locales se correlaciona con la actividad de los grupos criminales.
Mientras que en estados como Chiapas y Oaxaca, la violencia se atribuye a las disputas políticas y a gobiernos autoritarios de los caciques o jefes políticos locales. Su intromisión en las organizaciones indígenas para ganar las elecciones genera divisiones dentro de estas comunidades, lo que se convierte en un motor de violencia contra los funcionarios locales.
Por el contrario, en los estados de Nuevo León y Baja California, en lugar de perpetrar violencia directa, se informa que los grupos criminales hacen uso de intimidaciones y amenazas con el objetivo de penetrar en las autoridades locales e influir en la toma de decisiones.
¿Cómo se amenaza a los funcionarios locales?
Contrario a la creencia popular, la violencia dirigida contra los funcionarios locales va más allá de los ataques directos (como apuñalamientos y disparos). Las amenazas, la intimidación y la violencia de los manifestantes también plantean riesgos significativos para la seguridad y el bienestar de los funcionarios.
Los disturbios, incluidas las manifestaciones violentas, aumentan notablemente antes de las elecciones, y las autoridades municipales suelen ser los principales objetivos.
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Entre 2018 y 2022, ACLED registra alrededor de mil eventos de violencia dirigidos a funcionarios locales en México. Los ataques directos constituyen una gran mayoría de la violencia registrada por ACLED, que representa alrededor del 62 por ciento.
