Xalapa, Ver.- El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz vulnera el Estado de Derecho al otorgar facultades extra legales y excluir a las autoridades municipales en la toma de decisiones para fortalecer una verdadera estrategia que combata la delincuencia en la entidad.
Los legisladores indicaron que la ley, propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, abre la posibilidad para que, desde el poder, se pueda perseguir a la oposición en Veracruz.
Lo anterior, dado que con dicha norma se crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública con el que se podrá investigar y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita que se efectúen en el Estado.
Ello porque se permite, entre otras cosas, fiscalizar los crecimientos patrimoniales, cuentas bancarias o financieras, tanto de ciudadanos como de servidores públicos; lo cual podría convertir a esta Ley en una sumamente coercitiva en contra de los derechos humanos la ciudadanía en general.
Conforme a lo expuesto por los legisladores de la bancada albiazul, la creación de dicho órgano invade las esferas de operación de las autoridades de procuración de justicia, no solo a nivel local, sino que pasa por encima de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De la misma forma, consideraron que la ley otorga la facultad a García Jiménez para manejar el recurso federal destinado a la seguridad y disponer cómo utilizarlo a las autoridades municipales.
Además, señalaron que esta ley rompe con el principio de preservación de los hechos, ya que en lugar de establecer que cualquier grabación realizada en el lugar de los hechos deba ser entregada para su integración a la carpeta de investigación u otras acciones legales.
Esto es porque en su artículo 95, faculta indebidamente a que “Todas las grabaciones deberán almacenarse durante siete días naturales, a partir de la fecha en que ocurrió el evento o dependiendo de la capacidad técnica del grabador en su funcionamiento para su posterior respaldo si en ese periodo no son solicitadas por autoridad competente o por alguna institución policial, se destruyen”.
