En los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ha sancionado a 194 funcionarios públicos por irregularidades en la integración de investigaciones ministeriales, tortura, violaciones a derechos humanos e incumplimientos administrativos. La cifra representa 55 por ciento menos al total de procedimientos registrados durante el periodo 2017-2018.
Los informes públicos anuales del organismo –que actualmente encabeza la fiscal general Verónica Hernández Giadáns– refieren que 194 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, durante el periodo 2019 al 2022, por irregularidades en la integración de diversas investigaciones ministeriales, irregularidades en el desempeño de sus funciones, casos de tortura, fuga de detenidos, violación a derechos humanos, así como incumplimiento de requisitos de permanencia.
La cifra de sanciones administrativas aplicadas al personal adscrito a la FGE ha ido a la baja en los últimos cuatro años: en 2019, fueron sancionados 97 servidores públicos; en 2020, se aplicaron 84 sanciones administrativas; en 2021, cinco sanciones y para 2022, la Fiscalía reportó un total de 8 funcionarios públicos sancionados.
Cabe precisar que la cifra de sanciones administrativas registradas en el ejercicio 2019 fueron resoluciones correspondientes a expedientes originados en años anteriores.
Los datos oficiales refieren también que las faltas graves cometidas por servidores públicos han recibido sanciones menos severas. Por ejemplo, en el 2019, las inasistencias se castigaron con la destitución del cargo de los servidores públicos, mientras que en dos casos de tortura cometidos por policías ministeriales en Boca del Río, se aplicó la suspensión por 40 días sin goce de sueldo.
Asimismo, la participación de los agentes ministeriales en casos de violación a derechos humanos o en la fuga de detenidos fue sancionada con la suspensión de entre 16 a 60 días sin goce de salario.
Entre los años 2019 y 2022, los procedimientos administrativos abiertos contra los fiscales atendieron el mayor de número de casos, al sumar 95 fiscales sancionados, principalmente, por tres causas: inasistencias, irregularidades en la integración de investigaciones ministeriales e irregularidades en el desempeño de sus funciones.
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¿Cuántos fiscales fueron destituidos?
De 95 fiscales sancionados, dos fueron destituidos, diez separados del cargo, tres separados del servicio, 63 fueron suspendidos por diversos días sin goce de sueldo; nueve recibieron amonestación privada, tres amonestaciones públicas y cinco apercibimientos privados.
Desde la gestión del exfiscal Jorge "N" hasta el que preside la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, este organismo autónomo ha acumulado la cifra de 625 personas servidoras públicas sancionadas, de las cuales 431 corresponden al periodo 2017-2018 y 194 al periodo registrado entre los años 2019 y 2022.
La cifra de servidores públicos sancionados en la actual administración de la FGE representa 55 por ciento menos en comparación al total de procedimientos registrado en el periodo 2017-2018, con una diferencia de 237 procedimientos sancionadores menos.
Asimismo, durante los años 2017 y 2018, se registró el mayor número de fiscales sancionados, con un total de 136, de los cuales diez fueron destituidos y 69 separados del cargo.
No obstante, también en este periodo, según los registros oficiales, se documentó la participación de los operadores de justicia en casos de detenciones arbitrarias, robo o extravío de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, la solicitud de dádivas (cohecho) por parte de auxiliares de fiscales o agentes del ministerio público, casos de tortura, malos tratos y amenazas.
Así como retenciones ilegales de personas por parte de personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, aunque sobre estos actos indebidos, la FGE los castigó con la suspensión de 30 días sin goce de sueldo.
Cabe recordar que el Código Penal de Veracruz establece como delitos por hechos de corrupción: el ejercicio indebido y abandono del servicio público, el abuso de autoridad, la desaparición forzada de personas, el incumplimiento del deber legal, el cohecho, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el peculado, la intimidación, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.
