/ lunes 7 de octubre de 2019

Jueces acusan reparto a partidos de magistraturas; exigen ser tomados en cuenta

En un escrito público le piden a la funcionaria federal -fue ministra- que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz no vulneren sus derechos humanos de participar en este proceso electivo

Juezas, jueces y exjueces con décadas de servicio de experiencia le piden a la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero su intervención para que sean tomados en cuenta en los nombramientos de magistrados en Veracruz y evitar que esto termine como un reparto de posiciones políticas.

En un escrito público le piden a la funcionaria federal -fue ministra- que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz no vulneren sus derechos humanos de participar en este proceso electivo y se respete la carrera judicial.

Lamentan que los partidos políticos en compañía de integrantes de la Diputación Permanente pretendan repartirse las magistraturas sin considerar a quienes sí se han encargado de resolver controversias y administrar justicia, incluso sacrificando su vida familiar, sin ser considerados en ese listado.

Le hacen una relatoría de hechos en la que indican que tanto en la primera como en la segunda lista enviada por el gobernador a los diputados locales se encuentran familiares y políticos, “sin analizar que cualquiera de nosotros, tenía mayor experiencia y capacidad en la carrera judicialista”.

Con estas acciones “se está privilegiando la posición política, el amiguismo y los compromisos de grupos”, critican los jueces y exjueces.

Veracruz no merece que con estas prácticas se le falte el respeto a sus ciudadanos, pues usted sabe -le dicen a la Secretaria de Gobernación- lo delicado que es la labor de un juez, los que nos hemos dedicado a esta actividad, entendemos que juzgar no es una cuestión improvisada que vaya de la mano con la política partidista, pues ello encierra el compromiso ético, moral y profesional, de respetar la vida, el patrimonio, la libertad, los derechos y prerrogativas de todos los gobernados, incluyendo a la población más vulnerable que son los niños

A Cordero Sánchez le recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso María Cristina Reverón Trujillo contra Venezuela, de fecha 30 de junio del 2009, en sus párrafos 72, 73 y 74, la cual por cierto es obligatoria para el estado mexicano, ha determinado que las personas idóneas para ocupar los puestos de magistrados, deben tener carrera judicial.

Además, en el Poder Judicial de la Federación, específicamente el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al dictar en la sesión de fecha 22 de marzo de este año, una sentencia en el amparo en revisión 35/2019, en el cual, se determinó que los estándares internacionales, ya citados debe ser un elemento fundamental para la designación de magistrados.

“Por todo lo antes expuesto, solicitamos su valiosa intervención, para evitar una violación a nuestros derechos humanos y de toda la sociedad veracruzana, y en el marco del control interno de la gobernanza de nuestro país, se vigile que el Ejecutivo y el Congreso de Veracruz, cumplan cabalmente con su obligación jurídica de proponer y escoger a los mejores candidatos a magistrados, respetando así la constitucionalidad de los mismos, e incluso, le rogamos sea la interlocutora para que antes de tomar una decisión de esta naturaleza, el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, nos reciba en una audiencia donde nos escuche”.

Así se lo piden a la titular de la Secretaría de Gobernación: Javier Castellanos Chargoy, Adalberto López Pozos, Alma Aleida Sosa Jiménez, María Andrea García Zavaleta, Alberto Barrera y Vázquez, Cristian Mauricio Mendoza Espinosa, Daniel Dámaso Vázquez Bautista, Tomasa Delgado Serna, Erycka Paola León Tablada, Florencio Hernández Flores, Iván Emanuel Diz Reyes, Joaquín Reyes Martínez, Eusebio Saure Ortiz.

Así como Juan Carlos Ortiz Romero, Laurentino Sosa Capistrán, Maximino Contreras Rosales, Guillermo Vargas Hernández, Marlem González Pérez, Senén Loeza Guevara y Sergio Andrade Aguilar. quienes se acreditaron todos en conjunto responsables de la publicación.

Todos ellos son doctores, maestros o licenciados en derecho.

Juezas, jueces y exjueces con décadas de servicio de experiencia le piden a la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero su intervención para que sean tomados en cuenta en los nombramientos de magistrados en Veracruz y evitar que esto termine como un reparto de posiciones políticas.

En un escrito público le piden a la funcionaria federal -fue ministra- que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz no vulneren sus derechos humanos de participar en este proceso electivo y se respete la carrera judicial.

Lamentan que los partidos políticos en compañía de integrantes de la Diputación Permanente pretendan repartirse las magistraturas sin considerar a quienes sí se han encargado de resolver controversias y administrar justicia, incluso sacrificando su vida familiar, sin ser considerados en ese listado.

Le hacen una relatoría de hechos en la que indican que tanto en la primera como en la segunda lista enviada por el gobernador a los diputados locales se encuentran familiares y políticos, “sin analizar que cualquiera de nosotros, tenía mayor experiencia y capacidad en la carrera judicialista”.

Con estas acciones “se está privilegiando la posición política, el amiguismo y los compromisos de grupos”, critican los jueces y exjueces.

Veracruz no merece que con estas prácticas se le falte el respeto a sus ciudadanos, pues usted sabe -le dicen a la Secretaria de Gobernación- lo delicado que es la labor de un juez, los que nos hemos dedicado a esta actividad, entendemos que juzgar no es una cuestión improvisada que vaya de la mano con la política partidista, pues ello encierra el compromiso ético, moral y profesional, de respetar la vida, el patrimonio, la libertad, los derechos y prerrogativas de todos los gobernados, incluyendo a la población más vulnerable que son los niños

A Cordero Sánchez le recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso María Cristina Reverón Trujillo contra Venezuela, de fecha 30 de junio del 2009, en sus párrafos 72, 73 y 74, la cual por cierto es obligatoria para el estado mexicano, ha determinado que las personas idóneas para ocupar los puestos de magistrados, deben tener carrera judicial.

Además, en el Poder Judicial de la Federación, específicamente el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al dictar en la sesión de fecha 22 de marzo de este año, una sentencia en el amparo en revisión 35/2019, en el cual, se determinó que los estándares internacionales, ya citados debe ser un elemento fundamental para la designación de magistrados.

“Por todo lo antes expuesto, solicitamos su valiosa intervención, para evitar una violación a nuestros derechos humanos y de toda la sociedad veracruzana, y en el marco del control interno de la gobernanza de nuestro país, se vigile que el Ejecutivo y el Congreso de Veracruz, cumplan cabalmente con su obligación jurídica de proponer y escoger a los mejores candidatos a magistrados, respetando así la constitucionalidad de los mismos, e incluso, le rogamos sea la interlocutora para que antes de tomar una decisión de esta naturaleza, el señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, nos reciba en una audiencia donde nos escuche”.

Así se lo piden a la titular de la Secretaría de Gobernación: Javier Castellanos Chargoy, Adalberto López Pozos, Alma Aleida Sosa Jiménez, María Andrea García Zavaleta, Alberto Barrera y Vázquez, Cristian Mauricio Mendoza Espinosa, Daniel Dámaso Vázquez Bautista, Tomasa Delgado Serna, Erycka Paola León Tablada, Florencio Hernández Flores, Iván Emanuel Diz Reyes, Joaquín Reyes Martínez, Eusebio Saure Ortiz.

Así como Juan Carlos Ortiz Romero, Laurentino Sosa Capistrán, Maximino Contreras Rosales, Guillermo Vargas Hernández, Marlem González Pérez, Senén Loeza Guevara y Sergio Andrade Aguilar. quienes se acreditaron todos en conjunto responsables de la publicación.

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