Por el caso de la jueza de Veracruz Angélica "N", el Estado mexicano recibió una solicitud de la ONU para proteger la independencia del Poder Judicial y explicar cuál ha sido su intervención para garantizar los derechos humanos.
La jueza “fue detenida sin orden de aprehensión por lo que califica como víctima de desaparición forzada de corta duración”, señala en el documento Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados.
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¿Qué opina la ONU sobre detenciones?
En el comunicado que se hace público tras 60 días de la recepción, la relatora se refiere a las dos detenciones ocurridas el 5 de junio en la capital del estado y el 16, en la Ciudad de México, cuando, acusa la jueza, fueron violentados sus derechos humanos.
El texto de la relatora de la ONU, fechado el 5 de julio, insta al gobierno mexicano a proporcionar información sobre el estado y los resultados de la investigación sobre presunta tortura y malos tratos.
También le pide adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la jueza e investigar, procesar e imponer sanciones a los responsables.
Explica que la solicitud es por la detención arbitraria y faltas al debido proceso por presunta represalia hacia la jueza, por su decisión sobre la concesión de un amparo en un caso de alto impacto de Veracruz.
De ser ciertos los hechos expuestos por la jueza, dice la relatora, “revelarían la violación de las normas internacionales relativas a la independencia del Poder Judicial contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“Los jueces de control son parte integral de la administración de la justicia y me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros jueces en el país”, puntualiza.
Además de recordar el caso, la relatora Margaret Satterthwaite apunta que todo se habría dado en “un contexto de declaraciones públicas por parte de las más altas autoridades del Ejecutivo a nivel nacional y a nivel local en Veracruz que atacan la independencia del Poder Judicial”.
Añade que también son preocupantes las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la Fiscalía de Veracruz contra la jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto.
“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones”, enfatiza.
En el documento se da un plazo de 60 días para las respuestas, con la acotación de que transcurrido el tiempo, todo será público a través del sitio web de Informes de Comunicaciones.
