/ miércoles 15 de diciembre de 2021

Parejas quieren separarse... pero no hay divorcios

Mujeres viven situación difícil, pero exponen que en juzgados trámites van muy lentos

VERACRUZ, Ver.- Con la desaparición de los 29 juzgados como parte de las políticas de austeridad de la actual administración, al menos 50 procesos de divorcios están detenidos, además de trámites de pensión alimenticia y otros procesos, alerta el Braulio Terán, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz.

En entrevista expresa que pese a las advertencias que se dieron con el cierre de los juzgados dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tomó la errónea idea de suprimirlos, cuando en realidad lo que se requiere es modernizar el sistema que tiene más de 50 años de antigüedad.

Indica que el Colegio tiene alrededor de 50 procesos de divorcio, pero no solo son estas peticiones las que se encuentran aletargadas sino también hay demandas de pensión alimenticia, procedimientos de juicio, asuntos mercantiles, hipotecarios y demás.

Refiere que, en el caso de los divorcios, tienen un retraso de más de 60 días ya que estos veredictos se dan en promedio de un mes.

“En el caso de los divorcios esto ya debería tener un avance del 30 por ciento del procedimiento, pero están detenidos y en el caso de las pensiones, se presenta la demanda de pensión alimenticia y en 15 días tiene que haberse dictado un acuerdo de erradicación de la demanda y en 20 días girar los oficios para que se hagan los descuentos pertinente al salario y se informe sobre la pensión para que se empiece a cobrar, pero son procedimientos que deben ser muy rápidos, hablamos en uno de alimentos y eso no puede detenerse mucho tiempo”, explica Braulio Terán.

El legista insiste que los juzgados que quedan están saturados ya que hay información de que en zonas como Córdoba el trabajo aumentó al 90 por ciento dada la desaparición de las oficinas.

Considera que este tipo de acciones dejan en total indefensión a la ciudadanía porque como nunca en otros años, hay inseguridad legal y esto podría provocar un conflicto social.

Las consecuencias más fuertes es la falta de credibilidad en nuestro estado, la falta de seguridad jurídica y por parte de la sociedad el sentir de los justiciables, que no hay justicia pronta y expedita, la falta de seguridad en todos nosotros que estamos viviendo como el delito de ultraje a la autoridad que se está volviendo un tema ya en todo el estado y la falta de administración de justicia pronta y expedita, es una inseguridad la que estamos viviendo como gobernados, nos sentimos en un estado de inseguridad plena, aquellas personas que están acercándose para solicitar un divorcio y no se les atiende se quedan en estado de indefensión porque quedan a la voluntad de un juzgado que no provee ni recursos materiales ni humanos, el tema de la falta de administración puede generar un conflicto social”, señala.

Braulio Terán recuerda que esta situación ya fue expuesta ante el Consejo de la Judicatura, pero la respuesta es que la decisión ya estaba tomada como una medida para ahorrar recursos.

MUJERES VIVEN SITUACIÓN DIFÍCIL

Tras un matrimonio de 13 años, Sandra y su esposo decidieron separarse. Sin embargo, debido a problemas económicos es que ella no inició los trámites de divorcio y prefirió dedicarse a saldar las deudas que le había dejado su expareja.

Hoy, a casi cinco años de la separación, la mujer fue notificada del inicio del proceso de divorcio, pero también de una demanda en su contra para quitarle la custodia del menor de sus hijos, un adolescente de 15 años, quien podría estar padeciendo violencia psicológica por parte de su expareja, quien no la deja verlo.

Para Sandra, la justicia que de por sí no era muy eficiente ha empeorado con la pandemia de Covid-19. Y es que, cuenta que en agosto pasado hay un proceso judicial abierto en su contra por la custodia de su hijo y que de entonces a la fecha ella tendría que haberse presentado cinco veces en los juzgados cosa que no hizo porque nunca fue notificada de este proceso. “El proceso va a dictar sentencia y a mí me tienen en rebeldía porque hay cinco ocasiones en las que me tendría que haber presentado y a mí no me notificaron. Hay muchas anomalías en el caso porque yo no fui notificada en mi domicilio personal, tampoco me notificaron el tema del depósito legal de mi hijo”, cuenta.

La mujer detalla que actualmente, está asesorada con un abogado quien está viendo el tema de la custodia de su hijo, no obstante, reconoce que se trata de un proceso difícil no sólo de manera psicológica sino también económica. Y es que, con este son tres los abogados que ha requerido para ponerle fin a su matrimonio y arreglar el tema de sus dos hijos, uno de ellos ya mayor de edad.

El primer abogado me cobró 10 mil pesos y lo único que me hizo fue el trámite de la pensión; el segundo abogado me cobra otros 10 mil pesos y con el agravante de que me hizo mal el trabajo ya que tenía que terminar lo de la pensión y lo de la guardia y custodia de mis hijos y me dijo que si quería que viera lo del divorcio eran otros 10 mil pesos entonces en ese momento no tenía el dinero y sólo le pedí el tema de mis hijos. Lo de la pensión si lo logró, pero nunca me trajo el documento de la guardia y custodia porque no está a mi nombre.

Sandra reconoce que ella “se confió” en la palabra de un abogado que le explicó que después de los 5 años el costo de un proceso de divorcio disminuye significativamente y que sólo se requiere de una cantidad mínima para el proceso sin que haya incluso la voluntad de la otra parte.

TRÁMITES ESTÁN REZAGADOS

Con un proceso de divorcio detenido desde noviembre del 2019 que le ha implicado desgaste económico y emocional, el caso de Daniela refuta las declaraciones oficiales de que señalan una disminución de estos procesos durante la pandemia y que niegan rezagos en juicios de este tipo.

Y es que, para la madre de dos hijos el proceso de separación de su expareja ha sido un proceso largo, tedioso y plagado de irregularidades. “Yo empecé con mi proceso antes de la pandemia, desde 2019, y es la fecha en la que no me he podido divorciar por falta de agilidad en los juzgados”.

En entrevista, la mujer asegura que no es la única que está enfrentando este tipo de retrasos. Y es que, en el mismo juzgado sexto en el que está radicado su expediente, sabe que hay otros casos que incluso datan de uno o dos años anteriores al de ella. “Es lo que está sucediendo, los trámites están rezagados”, denuncia.

Daniela, cuenta que tomó la decisión de separarse de su expareja debido a que este ejercía violencia psicológica, monetaria e incluso física en su contra. Ante este panorama, tomó la decisión de abandonar la casa que habitaban juntos e iniciar los trámites de divorcio asesorada por un abogado.

Sin embargo, durante cuatro meses el trámite no avanzó y a partir del 2020, el Covid-19 complicó aún más la situación. Cuenta que aunque asiste con regularidad al juzgado para darle seguimiento a su caso, sólo se encuentra con filas terribles, trámites burocráticos, expedientes inmensos y jueces que no hacen nada para remediarlo.

Durante este tiempo, Daniela no ha podido recuperar la tranquilidad ya que continúa sufriendo abusos por parte del padre de sus hijos, quien ha acudido a su casa en estado de ebriedad y la ha acosado en su centro de trabajo.

Detalla que aunque también ha denunciado estas anomalías, la autoridad no ha prestado atención a sus casos y lo único que ha logrado es que el DIF le otorgue atención psicológica para sus hijos. “Desgraciadamente tienes que llegar violentada físicamente para que te hagan caso las autoridades (…) la pandemia ha dejado muchos divorcios, casos como el mío y nadie hace caso”, concluye.

Con información de Karla Cancino | Diario de Xalapa

VERACRUZ, Ver.- Con la desaparición de los 29 juzgados como parte de las políticas de austeridad de la actual administración, al menos 50 procesos de divorcios están detenidos, además de trámites de pensión alimenticia y otros procesos, alerta el Braulio Terán, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz.

En entrevista expresa que pese a las advertencias que se dieron con el cierre de los juzgados dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se tomó la errónea idea de suprimirlos, cuando en realidad lo que se requiere es modernizar el sistema que tiene más de 50 años de antigüedad.

Indica que el Colegio tiene alrededor de 50 procesos de divorcio, pero no solo son estas peticiones las que se encuentran aletargadas sino también hay demandas de pensión alimenticia, procedimientos de juicio, asuntos mercantiles, hipotecarios y demás.

Refiere que, en el caso de los divorcios, tienen un retraso de más de 60 días ya que estos veredictos se dan en promedio de un mes.

“En el caso de los divorcios esto ya debería tener un avance del 30 por ciento del procedimiento, pero están detenidos y en el caso de las pensiones, se presenta la demanda de pensión alimenticia y en 15 días tiene que haberse dictado un acuerdo de erradicación de la demanda y en 20 días girar los oficios para que se hagan los descuentos pertinente al salario y se informe sobre la pensión para que se empiece a cobrar, pero son procedimientos que deben ser muy rápidos, hablamos en uno de alimentos y eso no puede detenerse mucho tiempo”, explica Braulio Terán.

El legista insiste que los juzgados que quedan están saturados ya que hay información de que en zonas como Córdoba el trabajo aumentó al 90 por ciento dada la desaparición de las oficinas.

Considera que este tipo de acciones dejan en total indefensión a la ciudadanía porque como nunca en otros años, hay inseguridad legal y esto podría provocar un conflicto social.

Las consecuencias más fuertes es la falta de credibilidad en nuestro estado, la falta de seguridad jurídica y por parte de la sociedad el sentir de los justiciables, que no hay justicia pronta y expedita, la falta de seguridad en todos nosotros que estamos viviendo como el delito de ultraje a la autoridad que se está volviendo un tema ya en todo el estado y la falta de administración de justicia pronta y expedita, es una inseguridad la que estamos viviendo como gobernados, nos sentimos en un estado de inseguridad plena, aquellas personas que están acercándose para solicitar un divorcio y no se les atiende se quedan en estado de indefensión porque quedan a la voluntad de un juzgado que no provee ni recursos materiales ni humanos, el tema de la falta de administración puede generar un conflicto social”, señala.

Braulio Terán recuerda que esta situación ya fue expuesta ante el Consejo de la Judicatura, pero la respuesta es que la decisión ya estaba tomada como una medida para ahorrar recursos.

MUJERES VIVEN SITUACIÓN DIFÍCIL

Tras un matrimonio de 13 años, Sandra y su esposo decidieron separarse. Sin embargo, debido a problemas económicos es que ella no inició los trámites de divorcio y prefirió dedicarse a saldar las deudas que le había dejado su expareja.

Hoy, a casi cinco años de la separación, la mujer fue notificada del inicio del proceso de divorcio, pero también de una demanda en su contra para quitarle la custodia del menor de sus hijos, un adolescente de 15 años, quien podría estar padeciendo violencia psicológica por parte de su expareja, quien no la deja verlo.

Para Sandra, la justicia que de por sí no era muy eficiente ha empeorado con la pandemia de Covid-19. Y es que, cuenta que en agosto pasado hay un proceso judicial abierto en su contra por la custodia de su hijo y que de entonces a la fecha ella tendría que haberse presentado cinco veces en los juzgados cosa que no hizo porque nunca fue notificada de este proceso. “El proceso va a dictar sentencia y a mí me tienen en rebeldía porque hay cinco ocasiones en las que me tendría que haber presentado y a mí no me notificaron. Hay muchas anomalías en el caso porque yo no fui notificada en mi domicilio personal, tampoco me notificaron el tema del depósito legal de mi hijo”, cuenta.

La mujer detalla que actualmente, está asesorada con un abogado quien está viendo el tema de la custodia de su hijo, no obstante, reconoce que se trata de un proceso difícil no sólo de manera psicológica sino también económica. Y es que, con este son tres los abogados que ha requerido para ponerle fin a su matrimonio y arreglar el tema de sus dos hijos, uno de ellos ya mayor de edad.

El primer abogado me cobró 10 mil pesos y lo único que me hizo fue el trámite de la pensión; el segundo abogado me cobra otros 10 mil pesos y con el agravante de que me hizo mal el trabajo ya que tenía que terminar lo de la pensión y lo de la guardia y custodia de mis hijos y me dijo que si quería que viera lo del divorcio eran otros 10 mil pesos entonces en ese momento no tenía el dinero y sólo le pedí el tema de mis hijos. Lo de la pensión si lo logró, pero nunca me trajo el documento de la guardia y custodia porque no está a mi nombre.

Sandra reconoce que ella “se confió” en la palabra de un abogado que le explicó que después de los 5 años el costo de un proceso de divorcio disminuye significativamente y que sólo se requiere de una cantidad mínima para el proceso sin que haya incluso la voluntad de la otra parte.

TRÁMITES ESTÁN REZAGADOS

Con un proceso de divorcio detenido desde noviembre del 2019 que le ha implicado desgaste económico y emocional, el caso de Daniela refuta las declaraciones oficiales de que señalan una disminución de estos procesos durante la pandemia y que niegan rezagos en juicios de este tipo.

Y es que, para la madre de dos hijos el proceso de separación de su expareja ha sido un proceso largo, tedioso y plagado de irregularidades. “Yo empecé con mi proceso antes de la pandemia, desde 2019, y es la fecha en la que no me he podido divorciar por falta de agilidad en los juzgados”.

En entrevista, la mujer asegura que no es la única que está enfrentando este tipo de retrasos. Y es que, en el mismo juzgado sexto en el que está radicado su expediente, sabe que hay otros casos que incluso datan de uno o dos años anteriores al de ella. “Es lo que está sucediendo, los trámites están rezagados”, denuncia.

Daniela, cuenta que tomó la decisión de separarse de su expareja debido a que este ejercía violencia psicológica, monetaria e incluso física en su contra. Ante este panorama, tomó la decisión de abandonar la casa que habitaban juntos e iniciar los trámites de divorcio asesorada por un abogado.

Sin embargo, durante cuatro meses el trámite no avanzó y a partir del 2020, el Covid-19 complicó aún más la situación. Cuenta que aunque asiste con regularidad al juzgado para darle seguimiento a su caso, sólo se encuentra con filas terribles, trámites burocráticos, expedientes inmensos y jueces que no hacen nada para remediarlo.

Durante este tiempo, Daniela no ha podido recuperar la tranquilidad ya que continúa sufriendo abusos por parte del padre de sus hijos, quien ha acudido a su casa en estado de ebriedad y la ha acosado en su centro de trabajo.

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