Veracruz, Ver.- Por incumplir diversas normas ambientales, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) realizó el pasado 8 de noviembre la clausura total temporal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte de Grupo MAS, ubicada sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo en la ciudad de Veracruz.
De acuerdo con la dependencia a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, la planta de tratamiento carece de registro completo como generador, así como de un plan de manejo ambiental; además de contar con acumulación de cacharros, tubos, llantas, basura electrónica y residuos eléctricos, los cuales son factores de contaminación.
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De la misma manera presenta acumulación de lodos provenientes de otras plantas, los cuales no demuestran una disposición final adecuada, generando problemas de contaminación, por lo que estaría operando en la total clandestinidad. Tras las diversas supervisiones realizadas a las plantas y persistir las mismas condiciones, abrió tres expedientes que están en proceso de investigación.
Ante ello, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente subraya que las medidas precautorias se deben respetar, es decir, la colocación de sellos de clausura total temporal.
¿Qué respondió Grupo MAS a clausura de planta de tratamiento?
En contraparte el Grupo MAS rechazó este miércoles que este incumpliendo las normas ambientales, esto luego de la clausura que realizarán autoridades de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente a la Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicada en Fidel Velázquez y Miguel Ángel de Quevedo, al norte de la ciudad de Veracruz.
A través de un comunicado, la operadora de agua potable en Veracruz y Medellín, dice que todos los permisos y documentos que les requirieron durante la inspección fueron puestos a disposición de la autoridad para su cotejo, la cual verificó la vigencia y probidad de los mismos.
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Por lo tanto rechaza las afirmaciones de la autoridad ambiental relativas a la falta del permiso de generación y al plan de manejo ambiental, así como al inadecuado manejo de lodos deshidratados, los cuales son tratados con equipos de última generación recientemente adquiridos con un costo superior a los 4 millones de pesos, que además estos son transportados y dispuestos con un proveedor especializado que cuenta con todos los permisos correspondientes.
Por cuanto hace al señalamiento de la “chatarra” a la que la PMA hace mención, se trata de vehículos, equipos y materiales que pertenecen al anterior organismo operador (SAS) y que se encontraban en el sistema desde antes de la entrada en operación, no teniendo la concesionaria responsabilidad alguna sobre los mismos.
Grupo Mas señala que en el proceso de inspección efectuado este martes 8 de noviembre por la autoridad ambiental no se les permitió conocer el contenido del acta que supuestamente se levantó, así como tampoco se les concedió el poder ejercer el debido derecho de defensa efectuando las manifestaciones o descargos correspondientes.
De la misma forma les fue negada la posibilidad de suscribir la misma al no entregarnos una copia, la cual es obligación legal por parte del servidor público encargado de la visita.
Aunque por el momento esta planta se encuentra operando con normalidad, advirtieron de los riesgos que implica una clausura, puesto que esta atiende el 60% de las aguas residuales que generan las ciudades de Veracruz y Boca del Río, y cuya falta de mantenimiento, desabasto de insumos químicos, combustibles, personal, vehículos y materiales no sólo ocasionará la imposibilidad de cumplir con la normativa vigente para las aguas residuales sino que impactará directamente en la atención a los usuarios de agua potable y redes de alcantarillado, al concentrarse en ella gran parte de los equipos y personal operativo.
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Grupo MAS afirma que ante la medida tomada se encuentra en absoluto estado de indefensión al ni siquiera conocer el alcance, motivación y fundamentación de la supuesta clausura dictaminada por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz.
Por lo tanto, se reservan el derecho de emprender las acciones legales, penales, civiles y administrativas que correspondan en resguardo de los intereses de la compañía y de los usuarios.
