La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, indicó que desde el Legislativo se deben realizar adecuaciones para armonizar la denominada Ley 3 de 3 con la reforma constitucional, con la que se impedirá a los agresores sexuales y a los deudores alimentarios ocupar cargos de elección popular o empleo en la administración pública.
En entrevista, recordó que dicha reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política del país fue publicada y promulgada ayer lunes, por lo que este martes cobró vigencia.
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A partir de ello, dijo, se cuenta con un plazo de 180 días naturales para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades Federativas realicen los ajustes necesarios a sus Constituciones y demás legislación que consideren necesario.
La legisladora puntualizó que este es un tema que debe analizar la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a fin de tener las opiniones de todos los grupos legislativos con representatividad en el Congreso de Veracruz.
Ante la pregunta sobre si será pronta la elaboración del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, mismo que se incluye como parte del cumplimiento a mencionada reforma constitucional, la diputa manifestó que se prevé que así sea.
La reforma al artículo 38 constitucional señala que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además, se contempla que toda persona deudora alimentaria morosa no pueda acceder a cargos públicos o de elección popular.
Legisladoras e integrantes de Colectivas Feministas se han pronunciado porque esta reforma sea aprobada y puesta en marcha para las elecciones de 2024.
