Al señalar que hay tres jueces de Veracruz en la mira por presuntos actos de corrupción, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, pidió al Consejo de la Judicatura Federal no amparar a quienes acudan a solicitar su protección por haber sido señalados por estar relacionados con “moches” o actividades ilícitas.
En conferencia de prensa, indicó que se trata de tres juzgadores locales los que han sido identificados por la población por haber cometido presuntos actos de corrupción, por lo que se encuentran en investigación.
“Tenemos los casos de tres jueces, recuerden que como son jueces sí le saben al tema jurídico, entonces van a buscar protegerse desde lo federal”, dijo.
Destacó que, aunque se encuentran en investigación, ninguno de los tres jueces está suspendidos, “están trabajando regularmente, pero sí es importante que se sepa que han actuado de forma indebida”.
El mandatario estatal recordó que el Poder Ejecutivo no puede interferir en el Poder Judicial; sin embargo, sí puede solicitar de forma pública al Consejo de la Judicatura Federal que antes de otorgar amparos a los jueces que los soliciten, sean analizados los casos de forma individual.
Al respecto, aseveró que en el Poder Judicial de Veracruz existe mayor honestidad y limpieza porque, desde arriba, la magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, está actuando de forma adecuada.
“Los amparos se resuelven en el Consejo de la Judicatura Federal, por eso como Gobernador les pido que se analice la actuación de jueces que han generado amparos cuestionables en el estado. En el Poder Judicial de Veracruz tenemos grandes avances, gracias a que los diputados tuvieron a bien nombrar magistrados que un servidor propuso y que tienen como objetivo mejorar la impartición de justicia”, expuso.
Al ser cuestionado sobre quiénes son los jueces que son investigados, recordó que uno de ellos es quien presuntamente recibió un soborno de 3 millones de pesos de parte de Itiel “N”, alias El Compa Playa, a fin de verse beneficiado en el proceso que se le seguía por asesinato del exdiputado local, Juan Carlos Molina Palacios.
Otro de los jueces, dijo, es el que entregó un amparo provisional a las empresas encargadas de la construcción de la Torre Centro. Y en el caso del tercero, prefirió mantener la secrecía.
Sobre la Torre Centro consideró que los constructores no cuentan con los permisos necesarios, ni la documentación para obtener el amparo definitivo.
“La gente que venda o compre que le piense bien porque esa torre, seguro, va a quedar en litigio, no veo cómo puedan ganar el amparo”, comentó.
