La situación de alcaldes que en diciembre dejarán el cargo es más complicada de lo que un buen número de ellos mismos suponen y puede terminar en un escándalo que arrastre a muchos.

Los más de 2 mil millones de pesos que andan volando y que deben aclarar 210 de los 210 presidentes municipales, hay que precisarlo, corresponden únicamente a 2019… ¡falta lo de 2020 y lo del año de Hidalgo!

Así que el monto de lo que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo de Delia González Cobos, terminará detectando como posible daño patrimonial en los cuatro años de los alcaldes que están por irse, podría ser la cifra más escandalosa que hayan escuchado los veracruzanos.

Tan grande es la danza de millones que la preocupación no sólo debe ser de los actuales ediles, síndicos, tesoreros, responsables de la obra pública y otros funcionarios municipales, sino de los alcaldes electos que asumirán el cargo a partir del ya próximo primero de enero de 2022.

Antes de continuar con lo de los miles de millones a los que deben aclarar su destino, señalaremos otro asunto de preocupación para los que se van y para los que están por entrar, el de los empleados de confianza contratados por las actuales administraciones.

¿Conoce algún Ayuntamiento en el que alcalde llenó la nómina con nuevos funcionarios y empleados? No los puede heredar, como sucedía antes.

En el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se establece lo siguiente:

“XX. Sujetarse, en las relaciones con sus trabajadores, a las leyes que en esta materia expida el Congreso del Estado y a los convenios que se celebren con base en dichas leyes, de conformidad con los presupuestos de egresos que apruebe el Ayuntamiento.

“El nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente surtirá efectos legales durante el periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento que los designó o contrató, salvo que cualquiera de las partes decida dar por terminado el nombramiento o designación anticipadamente; y sin la obligación ni responsabilidad de ninguna índole de ser contratado por el ayuntamiento o el presidente municipal entrante. Al presentar el presupuesto del último año de ejercicio constitucional deberán contemplarse los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de Ley”.

Como se ve, en el presupuesto de este año los alcaldes debieron contemplar lo relativo a la liquidación de todos los empleados que contrataron y que en algunos casos han convertido a los organigramas en extensos documentos difíciles de entender. ¿Lo hicieron?, ya lo veremos a partir de enero.

Mientras tanto algunos han empezado a darse a la tarea de tratar de aclarar qué hicieron con los recursos de 2019 y otros siguen pensando que el poder será eterno. Estos últimos tendrán un amargo inicio de 2022, cuando comprueben que ni en el Orfis, ni las nuevas autoridades municipales ni en ningún otro lado les abren las puertas ni les dan copia del más simple documento.

Lo recomendable es que vayan buscando asesoría de gente experta, contable y legalmente, que los saque del hoyo en que se metieron.

Y esto no sólo es para preocupar a los que se van. Los que llegan deben también estarlo. Si no denuncian el cochinero recibido serán cómplices.

Este año fue puesto en circulación el libro Impacto Patrimonial por Discrepancia fiscal, Lavado de dinero y Extinción de dominio, de René Mariani Ochoa, Tamara Morales Owseykoff y Marcial Rodríguez Reyes.

Ahí se expone lo siguiente. “La principal advertencia en este libro: el patrimonio personal, arduamente cimentado, puede verse vulnerado por descuidos, desatenciones o inadvertencias de naturaleza hacendaria.

“Entre ellas, destacan la denominada discrepancia fiscal, que puede equipararse con defraudación fiscal y/o la delincuencia organizada, que derivarían en la extinción de dominio de ese peculio, legado o herencia.

“Para evitar ese riesgo, al que toda persona física está expuesta, ¡vale la pena cumplir integral y oportunamente, con nuestras respectivas obligaciones tributarias!”.

¿Cómo anda en eso de la discrepancia fiscal?