La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio desde el 15 de mayo de 2019. Su aparición en escena estuvo directamente relacionada con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INNE).
El objetivo del instituto, creado por Vicente Fox Quesada en agosto de 2002, fue “ofrecer a las autoridades educativas, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos”. Con la reforma educativa, su función se transformó en crear las directrices para la aplicación de las evaluaciones docentes de ingreso, promoción y permanencia; revisar y diseñar los instrumentos de evaluación, los exámenes, y determinar los perfiles de idoneidad de los docentes.
“Durante años realizó diagnósticos sobre el Sistema Educativo Nacional, estudios para saber las condiciones en las cuales trabajan los maestros y estudian los alumnos; también aplicó las pruebas PLANEA para conocer el aprovechamiento escolar de los niños mexicanos. El gobierno federal actual responsabilizó al instituto de haber dañado y ofendido a los maestros, y a ello atribuyó su desaparición en la nueva reforma educativa después de 17 años de servicio. Con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el INEE desapareció y fueron destituidos Sylvia Schmelkes y Bernardo Naranjo, consejeros del instituto”, señaló Teresa Moreno de El Universal.
A cinco años de su creación, MEJOREDU presentó la obra Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2023. Ésta proporciona información relevante que permite conocer los avances, brechas y desafíos que enfrenta la educación del país. La publicación integra y analiza información del ciclo escolar 2021-2022 de diversas fuentes de datos nacionales, principalmente del sector educativo, con distintos niveles de desagregación. Las unidades de análisis son: escuelas y planteles, supervisiones, directivos, docentes, estudiantes y población en edad escolar, así como los Consejos y Comités de participación social.
“El documento presenta información para el seguimiento de los procesos, actores e instituciones en el periodo que comprende, en general, los ciclos escolares 2018-2019 al 2021-2022. Esta información se considera útil para reflexionar sobre el avance hacia una buena educación con justicia social, al alcance de todas y todos; la cual contribuye no sólo a reconocer sino a perfilar acciones para contrarrestar las desigualdades sociales entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de nuestro país.
Desde los ámbitos de responsabilidad de las autoridades federales, estatales y locales. Por ejemplo: A pesar de que en la educación básica una proporción importante de estudiantes logran concluir sus estudios en el tiempo previsto, no obstante, es necesario que en la Educación Media Superior (EMS) se observen con mayor detenimiento la aprobación, reprobación, desafiliación, movilidad y migración de sus jóvenes, para que estas situaciones afecten menos su trayectoria escolar. El reto en este caso es fortalecer las acciones desde las escuelas y planteles para que los estudiantes de EMS tengan mayores oportunidades e incentivos para continuar sus estudios, de manera que la desafiliación continúe reduciéndose.
En el Informe se aprecian desafíos en materia de atención educativa a grupos en condición de vulnerabilidad: “Los hablantes de lengua indígena tienen 6.3 grados (de estudio) y las personas con discapacidad 6.0, ambos casos equivalentes a contar sólo primaria completa. La población en condición de pobreza cuenta con 7.8 grados aprobados, es decir, en promedio sólo estudia hasta la mitad de la secundaria. Las condiciones de rezago que prevalecen en estos grupos históricamente han afectado su derecho a la educación, por lo que es necesario intensificar y ampliar esfuerzos de política educativa, de forma tal que se les facilite y promueva el acceso una educación digna e inclusiva y ésta se convierta en un catalizador que haga realidad su inserción a condiciones de bienestar social y económico similares a las del resto de la población”. “Si bien, el ideal normativo es que 100% de los estudiantes reciba educación en su lengua materna, existen escuelas y aulas multiculturales donde se dificulta que esto ocurra por la diversidad lingüística, lo que plantea un reto de atención más complejo”.
Olivia Vázquez Herrera, en Infobae, expone que el Ejecutivo federal presentó 20 reformas el 5 de febrero, en las que plantea la desaparición de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Órganos Reguladores Coordinados. Es en el área administrativa, donde justifica la extinción de estos. La idea es regresar sus atribuciones a las secretarías de Estado y otras dependencias gubernamentales, en aras de la austeridad republicana y el fin de la duplicidad de funciones. Entre las afectadas se encuentra la MEJOREDU. Como se ha visto, “la relevancia de este instituto no es menor, si consideramos que desarrollar investigaciones y/o evaluaciones diagnósticas como las que ofrece esta institución, permite contar con datos que llevan a la toma de decisiones de los responsables de conducir la vida educativa de un país”.
Abelardo Carro Nava opina: ¿Por qué la necesidad de contar con un organismo autónomo? Simplemente porque esa autonomía lo llevaría a realizar, por ejemplo, los estudios o investigaciones que sean necesarios para, luego, dar a conocer los resultados a quien corresponda con la finalidad de que se pudieran tomar las mejores decisiones debido a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes. Si la MEJOREDU, como se ha dicho, será “trasladada” a la Secretaría de Educación Pública (SEP), ¿qué garantiza que la información que ésta genere (del Sistema Educativo) no tendría un sesgo que no permitiera conocer cómo se encuentra dicho Sistema? Por simple y llana lógica, las acciones que se pudieran derivar de la realización de estudios o investigaciones que la misma SEP realizaría, tendría escasa, pero escasísima credibilidad entre el gremio y, como parece obvio, entre la sociedad. La SEP se convertiría en juez y parte.
