Dice una frase por ahí del economista Yuri Gorbaneff, que “si el modelo contradice la realidad, peor para la realidad”.
AMLO amenaza con cruzar líneas rojas. Ha advertido que su gobierno absorberá las funciones de varios órganos autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), a los que tacha de caros, ineficientes y reductos de los privilegios del régimen neoliberal.
Debe preocupar pero no sorprender la propuesta de eliminar la autonomía de algunos órganos reguladores y garantes de derechos, y de reubicar sus estructuras y tareas a dependencias de gobierno federal bajo su control.
Para quienes creemos en la nueva gerencia pública que busca gobiernos innovadores al servicio de la gente, es clara la ceguera, confusión y anacronismo de la visión de AMLO.
Él piensa que entidad que no da dinero al pueblo, entidad que no sirve. Piensa, además, que su gobierno no debe dar cuentas a reguladoras que no fueron electos por el pueblo. Considera ofensivo que Pemex o la CFE deban pedir autorizaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Reguladora de Energía (CRE). Desde hace años AMLO ha criticado fuertemente el gasto administrativo de dichos órganos y los ha acusado de ser cómplices de intereses contrarios a su proyecto, por lo que era de esperarse que esta propuesta se cristalizaría tarde o temprano.
La austeridad populista de López Obrador hace eco en buena parte de la población. Salvo muy pocos, la mayoría de los órganos autónomos no ha construido una narrativa clara y efectiva de su misión y su relevancia, de tal forma que a muy pocos dolería su extinción.
López Obrador va tras varios órganos autónomos ya. No esperará el riesgo de perder curules en la elección intermedia, sino que aprovechará su aún amplia mayoría en la Cámara de Diputados para promover la reforma constitucional. Si no lo lograse, podrá atrofiarlos mediante reducciones drásticas a su presupuesto 2022.
Esta es una línea roja cuyo cruce debe evitarse a toda costa.
Hasta ahora López Obrador ha roto vasos, pero esto implica romper la vajilla. La reducción de sueldos o la desaparición de subsecretarías son hechos que ha afectado el desempeño del gobierno, pero que son restaurables.
Desaparecer órganos autónomos implica bombardear la infraestructura del Estado mexicano y dejarlo parapléjico para una administración y regulación moderna del acceso a la información, la competencia económica y la regulación de los sectores de la energía y las telecomunicaciones.
No sólo eso, se trata de una pésima desinversión. Gestar estos órganos llevó un trabajo de discusión, negociación e inversión en infraestructura física y humana durante más de dos décadas.
Desaparecerlos implica una pérdida enorme de capital acumulado y, a cambio, un ahorro de no más de dos o tres mil millones de pesos por año, que es mucho menos de lo que Pemex pierde en una semana por una variación del precio del petróleo.
El mayor desafío para la defensa de los órganos autónomos es explicar su relevancia para la gente de carne y hueso.
Es necesario contestar preguntas sencillas: ¿Cómo la transparencia ayuda a mi vida cotidiana? ¿Qué significa la CNH para que haya más producción de petróleo y tengamos más gasolinas? ¿Cómo la Cofece me ayuda a tener más y mejores productos en el estante del supermercado?
AMLO cambia los términos del debate de forma tramposa. Ahora dice que estos órganos son reliquias para proteger al régimen neoliberal. Pero esos órganos fueron en buena medida, fruto de la lucha de la izquierda desde los años ochenta que buscaba arrebatarle a la hegemonía política del PRI pedazos de poder para proteger a los luchadores sociales, combatir el abuso del poder y la corrupción, erradicar el fraude electoral, evitar crisis económicas y contener el capitalismo de cuates.
La cautela y discreción de quienes encabezan esos órganos autónomos ahora, debe cambiar hacia una defensa clara y sin ambigüedades. AMLO está a punto de cruzar las primeras líneas rojas del sistema democrático del país; si lo logra, después vendrá el INE y el Banco de México.
A ningún gobierno le ha gustado ni le gustará nunca el derecho de acceso a la información, por lo que su protección no dependerá jamás de una graciosa concesión del poder. La defensa del derecho de acceso a la información no debe ser una labor de convencimiento sino de conquista y contención. Es una lucha entre quienes quieren concentrar el poder político y quienes buscamos que los ciudadanos tengan una relación menos asimétrica con el poder.
Si esa defensa fracasa, será el fin del derecho de acceso a la información en México.
