/ miércoles 28 de julio de 2021

El voto inútil

Se ha convocado a la ciudadanía para que el próximo domingo acuda a las mesas de votación a emitir su voto para aprobar o desaprobar que se juzgue a los expresidentes del país por supuestos actos delictivos.

Entre los que destacan la corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, nepotismo y otros, que incluyen la participación de diversos personajes y representantes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

En principio la ley es muy clara, si existe delito que perseguir no tiene porqué someterse a consulta popular, ya que de comprobarse el delito, la ley define la gravedad del mismo y la sanción que merece.

Esta vacilada es como si se detiene a un delincuente que roba o asesina, y ya sea que se le capture in fraganti o se le compruebe el acto tras la investigación ministerial, se haga una consulta, incluidos los agraviados, para decidir si se le inculpa y castiga. De sobra sabemos que muchas situaciones del país no se han resuelto y para justificarse, el Ejecutivo culpa cotidianamente a los gobiernos anteriores al suyo, que el coraje, envidia y deseos de vendetta le corroen el alma, en especial contra uno de los expresidentes, que a la buena le ganó la presidencia a pesar del voto por voto y casilla por casilla. Bien dice la excanciller de Alemania,

Angela Merkel, quien asume un gobierno no debe ampararse en acusar a los gobiernos anteriores de las fallas y carencias del país, sino llegar preparado y conocer la situación real del país que gobernará, así como tener las estrategias y mecanismos para corregir las fallas y resolver los problemas, y no sólo escudar su ineptitud culpando a sus antecesores.

Ahora bien, se ha promovido en los medios masivos de comunicación el llamado juicio a los expresidentes, pero en la boleta que pretenden sirva de voto habla de los funcionarios de gobiernos anteriores, lo cual suena ambiguo y vago, consulta que costará más de 500 millones de pesos y una gran pérdida de tiempo. Si nos vamos a la realidad, acusará a Salinas de Gortari de haber vendido y regalado las paraestatales, como teléfonos, ferrocarriles y demás empresas que beneficiaron a un sinnúmero de inversionistas amigos; haberle quitado 3 ceros al peso y haberse enriquecido.

A Zedillo le cargará el Fobaproa, el error de diciembre y otras minucias, supuestos delitos que por el tiempo, lo más seguro es que ya prescribieron.

A Fox lo podría acusar de su falta de diplomacia política, de haber mantenido su sexenio con solidez del peso, ausencia de inflación, recuperación económica y pago de gran parte de la deuda externa, mientras que a Calderón lo que más le han criticado fue la guerra contra el narco, que si bien dejó un saldo importante de muertos, al final son menos de lo que dejó el gobierno de Peña y los que suman en estos tres años de gobierno.

Que hubo tranzas, peculado y corrupción, sin duda, máxime en el gobierno de Peña Nieto, aunque este último pactó ser intocable a cambio del cargo. Visto así, la mentada consulta popular, además de ser un gasto inútil y superfluo, es un distractor de los graves problemas que enfrentamos como país y la ineptitud para resolverlos.

Se ha convocado a la ciudadanía para que el próximo domingo acuda a las mesas de votación a emitir su voto para aprobar o desaprobar que se juzgue a los expresidentes del país por supuestos actos delictivos.

Entre los que destacan la corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, nepotismo y otros, que incluyen la participación de diversos personajes y representantes de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

En principio la ley es muy clara, si existe delito que perseguir no tiene porqué someterse a consulta popular, ya que de comprobarse el delito, la ley define la gravedad del mismo y la sanción que merece.

Esta vacilada es como si se detiene a un delincuente que roba o asesina, y ya sea que se le capture in fraganti o se le compruebe el acto tras la investigación ministerial, se haga una consulta, incluidos los agraviados, para decidir si se le inculpa y castiga. De sobra sabemos que muchas situaciones del país no se han resuelto y para justificarse, el Ejecutivo culpa cotidianamente a los gobiernos anteriores al suyo, que el coraje, envidia y deseos de vendetta le corroen el alma, en especial contra uno de los expresidentes, que a la buena le ganó la presidencia a pesar del voto por voto y casilla por casilla. Bien dice la excanciller de Alemania,

Angela Merkel, quien asume un gobierno no debe ampararse en acusar a los gobiernos anteriores de las fallas y carencias del país, sino llegar preparado y conocer la situación real del país que gobernará, así como tener las estrategias y mecanismos para corregir las fallas y resolver los problemas, y no sólo escudar su ineptitud culpando a sus antecesores.

Ahora bien, se ha promovido en los medios masivos de comunicación el llamado juicio a los expresidentes, pero en la boleta que pretenden sirva de voto habla de los funcionarios de gobiernos anteriores, lo cual suena ambiguo y vago, consulta que costará más de 500 millones de pesos y una gran pérdida de tiempo. Si nos vamos a la realidad, acusará a Salinas de Gortari de haber vendido y regalado las paraestatales, como teléfonos, ferrocarriles y demás empresas que beneficiaron a un sinnúmero de inversionistas amigos; haberle quitado 3 ceros al peso y haberse enriquecido.

A Zedillo le cargará el Fobaproa, el error de diciembre y otras minucias, supuestos delitos que por el tiempo, lo más seguro es que ya prescribieron.

A Fox lo podría acusar de su falta de diplomacia política, de haber mantenido su sexenio con solidez del peso, ausencia de inflación, recuperación económica y pago de gran parte de la deuda externa, mientras que a Calderón lo que más le han criticado fue la guerra contra el narco, que si bien dejó un saldo importante de muertos, al final son menos de lo que dejó el gobierno de Peña y los que suman en estos tres años de gobierno.

Que hubo tranzas, peculado y corrupción, sin duda, máxime en el gobierno de Peña Nieto, aunque este último pactó ser intocable a cambio del cargo. Visto así, la mentada consulta popular, además de ser un gasto inútil y superfluo, es un distractor de los graves problemas que enfrentamos como país y la ineptitud para resolverlos.

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