Tocará a la excandidata a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, SANDRA CUEVAS, salir a las calles para conseguir votos en favor del Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, esto en un escenario en el que los números no han resultado muy favorecedores para su abanderado local, Salomón Chertorivski.
Según dicen en las filas del llamado movimiento naranja, esa dupla promete hacerse de buena cantidad de votos en la disputa por el Senado de la República, en la que se enfrentarán a los morenistas Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.
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Sin lugar a dudas, Pemex, bajo la dirección de Octavio Romero, se encuentra en la cresta de una ola de polémica que amenaza con estrellarse con fuerza. Está a punto de finalizar un acuerdo de 320 millones de dólares para adquirir la terminal Servitux, un movimiento que ha sacudido los cimientos del sector energético y financiero. Ubicada en Tuxpan, Veracruz, y marcada por su clausura en 2021 debido a deficiencias estructurales críticas, esta terminal se convierte en una verdadera incógnita de valor y futuro.
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Levantando aún más polvo en el debate, la terminal Servitux, con una capacidad anunciada de almacenar más de tres millones de barriles, se encuentra bajo el escrutinio por presentar fallas alarmantes en sus 16 tanques de almacenamiento. Estas deficiencias, junto con problemas de nivelación, tiñen la operación de dudas. Pero hay más: la transacción se sumerge en aguas turbias al recordar su conexión con Monterra Energy, empresa bajo el paraguas de Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).
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Este escenario sugiere que Pemex podría estar al borde de un abismo financiero, arriesgando recursos valiosos en un momento donde cada peso cuenta. La adquisición de Servitux, lejos de ser vista como una maniobra astuta para evitar más problemas, emerge como una piedra atada al cuello de la petrolera, potencialmente arrastrándola hacia abismos financieros y operativos ya de por sí peligrosos.
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La huelga que sacude al Nacional Monte de Piedad no es un conflicto laboral más, es un laberinto de contradicciones y sombras. En el centro de esta tormenta se encuentra una oferta de incremento salarial del 18 por ciento, presentada por la administración bajo el auspicio de un convenio de mediación propuesto por la STPS.
Sin embargo, esta propuesta, que en papel parece generosa, jamás ha visto la luz del debate democrático entre los trabajadores. Nos cuentan que ha sido mantenida en secreto por el líder sindical, Arturo Zayún, cuya gestión ha visto un creciente desfile de desafiliaciones.
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La ironía de la situación es amarga: mientras la cúpula sindical juega a la política en los pasillos del poder, son los trabajadores de a pie quienes cargan con el peso real de la huelga. Se les pide que se presenten a trabajar, que involucren a sus familias en un acto de solidaridad que roza la desesperación.
Y mientras los líderes sindicales quizás nunca sientan el frío de la incertidumbre, los trabajadores se enfrentan a la posibilidad de no solo perder un esperado aumento salarial sino de sumirse en una precariedad que amenaza con despojarlos de su medio de vida.
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En su Consejo Nacional, el PAN de Marko Cortés optó porque sus candidatos a las gubernaturas acapararan los reflectores, sobre todo aquellos que tienen mayores posibilidades de triunfar en la boleta electoral en junio próximo.
Por lo anterior, Renán Barrera de Yucatán y Eduardo Rivera de Puebla fueron de los más arropados durante la encerrona del fin de semana; es más, el primero incluso tuvo una ponencia en la que detalló varios de los factores que invitan a los votantes a depositar su confianza en algún proyecto político y la necesidad de ofrecer gobiernos que puedan dar resultados.
