/ lunes 22 de julio de 2019

Transparencia, como chivos en cristalería

La violación a la normatividad, el quebranto de leyes que regulan el manejo de los recursos públicos y el reglamento interno, pero sobre todo el no garantizar el ejercicio pleno del Derecho de Acceso a la Información, fueron los motivos principales para que el Congreso del Estado de Tlaxcala, con una mayoría de Morena, destituyera a los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. En su lugar nombraron a los suplentes para terminar el periodo que tenían encargado.

Muchos otros institutos locales han enfrentado crisis internas, denuncias por irregularidades tanto administrativas como financieras, anomalías en la designación de sus comisionados y, en algunos casos, hasta abusos de autoridad, aprovechándose de su “autonomía”. Tlaxcala es sólo un ejemplo hoy, como en el pasado lo fue el InfoDF.

El conflicto al interior del organismo tlaxcalteca inició hace año y medio, aproximadamente. El 16 febrero de 2018, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, entonces comisionados del instituto, dieron golpe de estado a su presidenta Marlene Alonso Meneses, quien había sido electa un año antes para un periodo de tres años.

En ese momento, los varones argumentaron que la comisionada había incurrido en violaciones a los derechos de los propios trabajadores del instituto. Ella, en su defensa, argumentó violencia de género, además que se trataba de un acto a todas luces ilegal (sin el aval del Congreso local), por lo que buscó ampararse por la vía legal para permanecer en el cargo, sin obtener resultados favorables.

El conflicto se agudizó en enero de este año porque Marlene seguía asumiéndose como comisionada presidente al mismo tiempo que David Cabrera, quien contaba con el respaldo de su compañero.

El Sistema Nacional de Transparencia de plano no quiso meterse en camisa de once varas y llamó al Congreso del Estado a resolver legalmente el conflicto, sin anteponer temas políticos.

En una decisión salomónica, el Poder Legislativo de Tlaxcala, con el voto de 17 legisladores y la ausencia de ocho de ellos, destituyó a la comisionada presidenta, pero también a los otros dos comisionados, al considerar que incurrieron en conductas antijurídicas al violar la normatividad que rige el funcionamiento del propio instituto. Y llamaron a sus suplentes para que funjan como comisionados propietarios.

Marlen Alonso ya dijo que impugnará su destitución y advirtió que es ilegal la designación de los suplentes. Sin embargo, todos los instrumentos jurídicos que ha interpuesto en casi 16 meses no han rendido frutos.

Sin duda, el daño colateral es, en primera instancia: para los trabajadores de ese instituto, y en segundo lugar: para los ciudadanos que hacen solicitudes de información, lo que finalmente repercute en el ejercicio y cumplimiento de este incipiente Derecho, de la Transparencia y la rendición de cuentas en Tlaxcala.

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”, reza el dicho popular.


Transparencia3.0@hotmail.com

Twitter @ydlan

La violación a la normatividad, el quebranto de leyes que regulan el manejo de los recursos públicos y el reglamento interno, pero sobre todo el no garantizar el ejercicio pleno del Derecho de Acceso a la Información, fueron los motivos principales para que el Congreso del Estado de Tlaxcala, con una mayoría de Morena, destituyera a los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. En su lugar nombraron a los suplentes para terminar el periodo que tenían encargado.

Muchos otros institutos locales han enfrentado crisis internas, denuncias por irregularidades tanto administrativas como financieras, anomalías en la designación de sus comisionados y, en algunos casos, hasta abusos de autoridad, aprovechándose de su “autonomía”. Tlaxcala es sólo un ejemplo hoy, como en el pasado lo fue el InfoDF.

El conflicto al interior del organismo tlaxcalteca inició hace año y medio, aproximadamente. El 16 febrero de 2018, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, entonces comisionados del instituto, dieron golpe de estado a su presidenta Marlene Alonso Meneses, quien había sido electa un año antes para un periodo de tres años.

En ese momento, los varones argumentaron que la comisionada había incurrido en violaciones a los derechos de los propios trabajadores del instituto. Ella, en su defensa, argumentó violencia de género, además que se trataba de un acto a todas luces ilegal (sin el aval del Congreso local), por lo que buscó ampararse por la vía legal para permanecer en el cargo, sin obtener resultados favorables.

El conflicto se agudizó en enero de este año porque Marlene seguía asumiéndose como comisionada presidente al mismo tiempo que David Cabrera, quien contaba con el respaldo de su compañero.

El Sistema Nacional de Transparencia de plano no quiso meterse en camisa de once varas y llamó al Congreso del Estado a resolver legalmente el conflicto, sin anteponer temas políticos.

En una decisión salomónica, el Poder Legislativo de Tlaxcala, con el voto de 17 legisladores y la ausencia de ocho de ellos, destituyó a la comisionada presidenta, pero también a los otros dos comisionados, al considerar que incurrieron en conductas antijurídicas al violar la normatividad que rige el funcionamiento del propio instituto. Y llamaron a sus suplentes para que funjan como comisionados propietarios.

Marlen Alonso ya dijo que impugnará su destitución y advirtió que es ilegal la designación de los suplentes. Sin embargo, todos los instrumentos jurídicos que ha interpuesto en casi 16 meses no han rendido frutos.

Sin duda, el daño colateral es, en primera instancia: para los trabajadores de ese instituto, y en segundo lugar: para los ciudadanos que hacen solicitudes de información, lo que finalmente repercute en el ejercicio y cumplimiento de este incipiente Derecho, de la Transparencia y la rendición de cuentas en Tlaxcala.

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”, reza el dicho popular.


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