“En México, en lugar de disminuir cada vez es más alto el índice de persecución, criminalización e incluso asesinato de personas defensoras del medio ambiente”, declara Gloria Olimpia Castillo Blanco, bióloga y directora de Comunicación y Educación Ambiental SC.
“A quienes se les debería hacer un monumento por su labor resulta que se les está asesinado. Necesitamos que haya mecanismos adecuados para quienes protegen los recursos naturales y los ecosistemas de cuyos servicios ambientales dependemos todos”, indica la activista.
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En el “Seminario permanente de sustentabilidad de Derechos Humanos 2020-2023”, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta) de la Universidad Veracruzana (UV), dijo que es crucial propiciar un entorno seguro para que puedan trabajar.
Puntualiza que por oponerse a los grandes intereses económicos se les persigue, criminaliza, encarcela o se les mata, cuando levantar la voz contra los proyectos que destruyen y contaminan es un acto de generosidad.
“En una colusión con el crimen organizado tan grande y que tanto daño está ocasionando al país, una nunca sabe dónde se termina el mandato de uno y otro”, declaró.
En la conferencia “Sustentabilidad y Acuerdo de Escazú”, detalló la historia de este instrumento, firmado por México y otras naciones que respaldan el documento único en el mundo por contener, entre otras disposiciones, la protección a las personas defensoras ambientales.
De acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, México es el país con el mayor número de asesinatos registrados, con un total de 54 en 2021, frente a los 30 registrados en 2020.
En sus registros honra el activismo de personas, comunidades y organizaciones que han defendido los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente, y condena que estas acciones les hayan costado la vida.
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¿Qué defensores han perdido la vida en Veracruz?
Aparecen algunos de los nombres de veracruzanos, como el de Miguel Vázquez Martínez, fundador de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla.
También, Adán Vez Lira, activista ambiental que se distinguió por la defensa del medio ambiente en el municipio de Actopan, y Noé Salomón Vázquez Ortiz, quien fue asesinado un día antes de iniciar el décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano en Contra de las Presas y en Defensa de los Ríos.
“El llamado es a que se brinde protección real a todas las personas que han comprendido y asumido como propio el combate contra la catástrofe ecológica y humanitaria”.
Gloria Olimpia Castillo Blanco manifiesta que aunque aún falta mucho por avanzar, este mes ya son catorce “estados parte” los que han entregado su instrumento de ratificación al Acuerdo de Escazú, entre ellos, México.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Castillo Blanco, quien forma parte de la Iniciativa de Acceso México, enfatiza que el Acuerdo de Escazú contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Reitera que el Acuerdo es de derechos humanos, progresivo y el primero en el mundo en contener disposiciones para proteger a las personas defensoras ambientales.
Adoptado por 24 países en Escazú, en 2018, persigue garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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Puntualiza que el Tratado, al haber sido ratificado por México en 2021, está al mismo nivel que la Constitución Mexicana y su cumplimiento puede exigirse ante tribunales nacionales. La activista y defensora de los derechos humanos subraya también la importancia de incorporar la educación ambiental en todos los niveles educativos.
En su presentación celebró lo que ocurre en la Universidad Veracruzana en tema ambiental, tanto a nivel académico como de estudiantes y de vinculación con organizaciones civiles.
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