El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseveró que se atenderá la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por Violaciones Graves de Derechos Humanos, mediante la cual se acreditó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían cometido actos de tortura y aplicado una detención arbitraria en contra de empleados de una bodega ubicada en Río Blanco.
Sin embargo, señaló que las instancias señaladas en la recomendación tendrán la oportunidad de defenderse, así como poner en claro que la bodega de la cual se habla ha sido identificada en las investigaciones realizadas por las autoridades locales y federales como un punto de resguardo de mercancía robada a los tráileres.
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“Lo que nos hayan recomendado se va a atender, se corregirá lo que se deba y tendremos la oportunidad de decir nuestra verdad, primero que se aclare el tema, las instancias tienen el derecho de defenderse. Se está analizando, lo que se hizo fue que las instancias que están en la recomendación trabajen, que se haga la correspondiente aclaración a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, dijo.
En conferencia de prensa, puntualizó que los elementos de seguridad no actuaron de manera arbitraria, dado que se considera que la bodega sirve para el resguardo de mercancía robada.
“Es sobre la presunción de una bodega en donde se guarda mercancía robada, que no se quite eso del renglón, no es una acción arbitraria, es por la presunción de mercancía robada en los tráileres en la zona de La Tinaja, Córdoba, Orizaba a la Ciudad de México, que tanto aquí nos observan, eso es lo que está de fondo, que se está actuando contra presuntos responsables de robo de mercancía y que se deposita en una bodega”, comentó.
Adelantó que se continuará con las investigaciones correspondientes, a fin de dar a conocer la información que se tiene sobre este espacio.
“Vamos a ver más adelante cómo siguen las investigaciones con respecto a eso porque aquí se nos ha exigido mucho que se actúe en contra de quienes andan robando los tráileres en esa zona y en esas investigaciones sale la bodega y ese personaje, en las investigaciones que seguimos haciendo sale la bodega, es importante que se sepa quién defiende a quien porque más adelante va a salir (la información)”, argumentó.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por Violaciones Graves de Derechos Humanos, mediante la cual se acreditó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) habrían cometido actos de tortura y aplicado una detención arbitraria en contra de empleados de una bodega ubicada en Río Blanco.
¿Cuándo ocurrieron los actos de tortura en la bodega de Río Blanco?
En junio de 2021, el empresario de Río Blanco José Antonio May González denunció la irrupción ilegal de elementos de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado a una bodega de su propiedad. Con videos, el empresario señaló públicamente que los elementos habrían torturado a seis de sus empleados sin motivo aparente.
Tras ello, la CNDH emitió la Recomendación 88/2023 con la que se confirma la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que a través de videos, testimonios y peritajes se logró acreditar que el día 19 de junio de 2021, seis personas fueron detenidas de manera arbitraria.
En el documento, con fecha del pasado 31 de enero, se indica que entre los elementos que ingresaron a la bodega se encontraba el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
Se detalla que los elementos ingresaron sin orden de aprehensión a la bodega, torturaron a sus empleados, los detuvieron arbitrariamente y les fabricaron pruebas para imputarles los delitos de ultrajes a la autoridad y contra la salud.
De la misma forma, se refiere que las víctimas no fueron detenidas en las circunstancias señaladas por la autoridad, debido a que no portaban armas de fuego y nunca agredieron a los elementos ministeriales que “simularon que las víctimas habían sido detenidas en flagrancia”.
En la resolución emitida por el organismo defensor de derechos humanos se menciona que las víctimas fueron torturadas, ya que se les asfixió con bolsas de plástico; las golpearon y amenazaron con matar a sus familiares en caso de que no firmaran las declaraciones en las que se auto inculpaban.
Tras ello, la CNDH consideró que se violaron sus derechos humanos a la integridad personal, a la libertad, legalidad, seguridad jurídica, así como a la privacidad del domicilio, con motivo de la detención arbitraria, retención ilegal y tortura.
El organismo encontró evidencia para acreditar que al momento en que se detuvo ilegalmente y torturó a las víctimas estuvo presente quien hasta hoy se mantiene como Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la FGE, motivo por el que se solicitó que sea investigado penal y administrativamente.
A pesar de la resolución del organismo, tres de las personas detenidas continúan en prisión, ya que el Poder Judicial del Estado declaró como legal su detención y los vinculó a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva.
