Entre 2016 y 2021, de cada 100 homicidios registrados en Veracruz, las autoridades solo consiguieron resolver dos, por lo que 98 restantes quedaron sin ser castigados, según el estudio “Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio 2022”, realizado por la organización Impunidad Cero.
De acuerdo con el informe, para 2021 la impunidad directa en homicidio doloso a nivel estatal fue de 97.4 por ciento. Sin embargo, al analizar la existencia de rezago en las sentencias emitidas por el Poder Judicial de Veracruz, se estima que para el periodo que va de 2016 a 2021, la impunidad acumulada en homicidio doloso asciende a 97. 7 por ciento.
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Esto se traduce en que, desde la consolidación del sistema de justicia penal, sólo dos de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos en la entidad veracruzana. Según el Índice de Impunidad acumulada durante el periodo comprendido entre 2016 y 2021, la entidad veracruzana se ubica en la lista de los estados con mayor nivel de impunidad en homicidio doloso, luego de Oaxaca (100 por ciento), Morelos (99.8 por ciento), Tlaxcala (99.5 por ciento), Colima (99.3 por ciento), Guerrero (98.5 por ciento), Chihuahua (98.2 por ciento) y Puebla (98.1 por ciento).
Cabe aclarar que la impunidad directa en homicidio doloso se refiere a la proporción de víctimas de este delito que no obtuvieron una sentencia condenatoria en un año determinado. Este indicador refleja la falta de esclarecimiento de los delitos.
La organización Impunidad Cero refiere que el Índice de impunidad en homicidio doloso y feminicidio busca conocer en qué medida estos delitos son esclarecidos. Aunque advierte que la justicia para las víctimas no se reduce a la emisión de una sentencia que condene los actos. “La justicia es un fenómeno más amplio que incluye el resarcimiento del daño para las víctimas y la garantía de no repetición”, indica.
Aunque el estudio documenta que en 2021 la impunidad directa para el delito de feminicidio a nivel nacional fue de 45.8 por ciento; no pudo medir el índice de impunidad correspondiente al estado de Veracruz, debido a que el Poder Judicial del Estado no entregó información respecto de las sentencias para el delito de feminicidio.
Sobre el tema señala que en los distintos estados existe poca claridad y especificidad en la obligación de crear protocolos para la investigación del feminicidio. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, aunque la ley orgánica de las fiscalía obliga a crear protocolos específicos de investigación, no señalan sobre qué delitos en particular se deben realizar estos protocolos.
“Como la norma no es suficientemente específica sobre qué delitos deben tener estos protocolos, no se puede exigir la emisión de un protocolo en particular para investigar delitos de feminicidio”, determinó la investigación.
También apunta que si bien los estados que poseen protocolos para investigar feminicidios o muertes violentas cometidas contra mujeres son mayoría, muchos de estos documentos no se encuentran actualizados.
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Además de lo señalado, los protocolos que no han sido actualizados no contemplan los cambios que trajo consigo el sistema de justicia penal, que comenzó a operar en 2016 en todo el país.
Esto es de vital relevancia porque el Sistema de Justicia Penal Acusatorio estableció un nuevo sistema probatorio para acreditar la realización de un delito y la participación de la persona imputada. Por lo que concluye que no es suficiente contar con un protocolo si este no está actualizado y adaptado a los cambios en la legislación nacional y estatal.
