Veracruz, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz para que se reconozca como víctima al ex secretario de Salud Juan Antonio Nemi Dib quien fue privado de su libertad durante el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares y del entonces titular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortíz.
Esta es la segunda recomendación que se emite a favor del extitular de Salud, por la violación a sus garantías, entre otras cosas por haber sido expuesto indebidamente ante los medios de comunicación durante su captura, lo que para su defensoría de los derechos humanos, puso en riesgo su integridad personal así como la de su familia al presentarlo como culpable sin que existiera un debido proceso.
La primera recomendación se produjo el año pasado con el número 23/2021 y fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía estatal; es esta última la que deberá resolver en un plazo de 15 días si acepta o rechaza esta nueva recomendación de la CEDH.
Según el resolutivo de la CEDH, hubo violaciones a los artículos 15 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales debido a que se violentó su intimidad y privacidad al ser expuesto ante los medios de comunicación debido a la filtración de las fotografías de la detención del extitular de la Secretaría de Salud de Veracruz por parte de las autoridades de la Fiscalía del Estado en tiempos de Jorge Wincler y Miguel Ángel Yunes.
Los delitos cometidos por los ex servidores públicos Yunistas, también son imputables a los medios de información y periodistas que recibieron dichas filtraciones y las publicaron, porque atentaron contra la dignidad y presunción de inocencia de la víctima.
Según el Artículo 63 y 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la sanción aplicable en estos casos va de seis meses a cinco años de prisión, y de acuerdo con el Artículo 69 de la misma Ley, esta pena podrá duplicarse tratándose de datos personales sensibles.
El Código Penal vigente también estipula en su artículo 210 que se impondrán de 30 a 200 jornadas de trabajo comunitario, a quien en perjuicio de alguien revele secreto o comunicación que es de su conocimiento por la naturaleza de su empleo, cargo o puesto.
En su segunda recomendación la CEDH instó a la FGE a realizar los trámites y gestiones necesarias ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que Juan Antonio Nemi Dib sea inscrito en el Registro Estatal de Víctimas para su protección y asesoría.
Además se solicitó que se inicie a la brevedad un procedimiento administrativo en contra de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados en estos hechos, y cuya conducta violatoría de los derechos humanos quedó demostrada en este caso.
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