El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, consideró que el Congreso del Estado podría ser notificado por la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie el proceso de desafuero del alcalde de Río Blanco, Ricardo “N”, quien fue detenido el pasado fin de semana en el municipio de Córdoba por los presuntos delitos de posesión ilegal de arma de fuego y contra la salud.
Al respecto, el legislador señaló que el proceso de desafuero se iniciaría únicamente en caso de que las autoridades de procuración de justicia cuenten con las pruebas necesarias para la imputación del funcionario municipal. Recordó que en caso de recibir la solicitud, la Comisión Instructora debe analizarla para, posteriormente, determinar el desafuero, con el cual podría ser vinculado por algún delito si es que así lo determinan las autoridades correspondientes.
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“Como Comisión Instructora recibimos las solicitudes de la Fiscalía General de la República en caso de que imputen a un funcionario, en este caso de un alcalde, en relación con algún delito federal por el que no puedan liberar la sentencia que les dicten de acuerdo a las pruebas que se analizaron para la comprobación del delito", expuso.
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Puntualizó que hasta este martes no habían recibido ninguna solicitud por parte de la FGR en relación con el caso del alcalde de Río Blanco. "Es un proceso largo, pero nosotros no hemos recibido nada ni de la Fiscalía General de la República, ni de la del Estado, nada. Se trata de un procedimiento tardado, necesitamos que la Fiscalía compruebe el presunto delito por el que se le señala", dijo.
Destacó que cualquier funcionario puede ser detenido, procesado y después retirado del cargo, debido a las nuevas disposiciones federales. “Cualquier funcionario puede ser procesado y luego retirado de su encargo, es decir, primero se procesa y luego se retira del encarga, se trata de un proceso largo porque el alcalde debe presentar su defensa y, con ello, se determina lo correspondiente", argumentó.
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De la misma forma, aseveró no tener conocimiento de que se haya notificado al Congreso sobre la detención del presidente municipal, hecho con el cual el pleno, en este caso de la Diputación Permanente, tendría que llamar al suplente a la alcaldía. Tras la detención del alcalde, la síndica Janett del Valle Lara, fue quien ha realizado las funciones de titular de la administración municipal.
