Para el ejercicio fiscal 2022, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal redujo, en 52.1 por ciento, el subsidio destinado al fortalecimiento de programas de salud pública en Veracruz, con un recorte de más de 86 millones de pesos, en comparación con la asignación presupuestal del año pasado.
En 2021, la Federación destinó 251 millones 517 mil 711.99 pesos a la entidad veracruzana, correspondientes al subsidio para programas a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; para este año, el monto total asignado es de 165 millones 359 mil 769.14 pesos, una reducción de 86 millones 157 mil 942.85 (52.1 por ciento).
De esta manera el presupuesto federal garantiza cada vez menos financiamiento a programas destinados a la atención de la salud de la infancia y adolescencia, salud mental, adicciones, así como para el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer en menores de 18 años.
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Así lo demuestra una revisión al Convenio Específico en materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública, celebrado entre la Secretaría de Salud Federal y el Estado de Veracruz, publicado el 16 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por segundo año consecutivo, el programa enfocado a la atención de la salud mental en Veracruz se quedó sin recursos; mientras que en 2020 le asignaron 812 mil 910.57 pesos.
Al programa para las adicciones también le asignaron cero pesos, al igual que en los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Durante el periodo 2020-2021, los programas de atención para la salud de la infancia y la adolescencia recibieron 600 mil 851.53 pesos, cada uno; para este 2022 no recibieron subsidio federal.
El programa destinado para el diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer en menores de 18 años no contará este año con recursos federales, aunque en los dos años anteriores recibió un monto total de 132 mil 247 pesos.
Del total de los recursos federales asignados para la salud pública en Veracruz, que administrará la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y ejecutará la Secretaría de Salud de Veracruz, al programa de vacunación universal le asignaron 98 millones 906 mil 140.10 pesos; en materia de salud sexual y reproductiva, e igualdad de género, se contará con 35 millones 409 mil 601.60 pesos.
Para la prevención y el control del VIH/SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual y virus de Hepatitis C, se recibirán 19 millones 026 mil 046.44 pesos; para pláticas de salud pública y promoción de la salud se gastarán 6 millones 444 mil 744 pesos; en programas preventivos y control de enfermedades serán invertidos 3 millones 026 mil 169 pesos y para la atención a emergencias de salud fueron asignados 2 millones 547 mil 068 pesos.
¿Por qué importa la atención a la salud mental y adicciones?
Durante la pandemia por el Covid-19, la salud mental adquirió mayor relevancia, al considerarlo como un pilar fundamental del bienestar.
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La salud mental es un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos, y por adicción a la enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
Los expertos han señalado que una incorrecta salud mental, puede provocar, entre otras cosas, depresión, trastorno bipolar, alcoholismo o uso de drogas, y la más grave de sus consecuencias es el suicidio.
Según las cifras de atención médica reportados en los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud Federal, la depresión ha ido en ascenso entre la población veracruzana: durante 2020, un total de 4 mil 069 personas fueron diagnosticadas con depresión; en 2021, se registraron 5 mil 717 casos (1466 pacientes hombres y 4 mil 251 mujeres).
Al corte del 7 de mayo de 2022, el estado de Veracruz concentra 2 mil 223 casos de depresión (479 hombres y 1744 mujeres).
Por su parte, la Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la Fiscalía General del Estado (FGE), reporta que, durante 2019, 155 personas se quitaron la vida de manera intencionada; la mayor parte de los suicidios ocurrieron en los municipios de Veracruz (25), Córdoba (13), Xalapa (8 casos), Alvarado (5), Coatzacoalcos y Orizaba, con cuatro casos registrados.
En 2020, la cifra ascendió a 321, con mayor prevalencia en Veracruz (33), Xalapa (31), Córdoba (17), Papantla (13), Poza Rica (10) y Tihuatlán (7).
Mientras que en 2021, fueron documentados 277 suicidios en la entidad (221 hombres y 56 mujeres).
A pesar de las cifras sobre condiciones relacionadas con la salud mental, autoridades de salud federal y estatal no han dado prioridad presupuestal a programas que contribuyan a la prevención de trastornos mentales.
En el caso de Veracruz, el Presupuesto de Egresos del Estado no contempla recursos para la atención de la salud mental y la prevención de las adicciones
Sin embargo, de acuerdo con el reciente decreto de reforma a la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Asimismo establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberían brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones.
Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones se deberá disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, regionales de alta especialidad dentro de la red integrada de servicios de salud, lo anterior para eliminar el modelo psiquiátrico asilar.
Todo tratamiento e internamiento de la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas, deberá prescribirse previo consentimiento informado.
El decreto también establece que la Secretaría de Salud determinará las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a la población usuaria, mientras que las unidades del Sistema Nacional de Salud elaborarán los programas para la atención de los familiares y el círculo social cercano de las personas que experimentan dificultades psicoemocionales o condiciones de salud mental.
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A partir del pasado 16 de mayo empezó a correr un plazo de 180 días naturales para que el Ejecutivo Federal emita las disposiciones reglamentarias administrativas y la armonización de las normas oficiales mexicanas en la materia.
