Veracruz, Ver.- Andrés de la Parra, representante propietario del PAN en el OPLE Municipal de Veracruz, indica que en un plazo de 10 días se esperaría obtener la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los resultados de la elección en el puerto de Veracruz.
Tras la anulación de los resultados de los comicios por el Tribunal Electoral del Estado, el representante panista señala que existe confianza en que la sentencia se revierta y se le restituya la victoria a la candidata de la alianza PAN-PRD-PRI, Patricia Lobeira Rodríguez.
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De la Parra afirmó que la resolución del TEEV fue elaborada de forma parcial por los magistrados, para favorecer al candidato de Morena, ya que las pruebas y justificación que dieron no cumple con la legalidad para este tipo de procesos.
El representante panista afirma que se cuenta con elementos para demostrar el mal desempeño de los magistrados locales y que la elección contó con los requisitos de Ley para ser válida.
Del mismo modo, afirma que los vínculos que existen el magistrado Roberto Sigala con funcionarios del gobierno estatal que encabeza el partido Morena, muestran que existió un conflicto de intereses dentro del procedimiento.
El representante del PAN ante el Consejo Municipal del OPLE, Andrés de la Parra, sostiene que la hermana del magistrado que presentó la ponencia que concluyó en la anulación de las elecciones, así como su esposa, se desempeñan dentro de la administración pública.
“Además, tenemos el caso de Ivonne Acuña, esposa del subsecretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, quien es parte de la nómina del Tribunal Electoral y forma parte de la ponencia que presentó el magistrado Sigala”, agrega.
Andrés de la Parra dice que será para este fin de semana que la representación legal de Patricia Lobeira en el PAN, presente el recurso de impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la sentencia emitida por el órgano local.
El representante panista detalla que se pedirá a los magistrados federales que consideren que dentro de la justificación del tribunal local, no se cumplieron con los criterios que establece la ley como causales de la anulación de una elección.
