Entre otros problemas que México enfrenta está el de la inmigración relacionado con la educación. De acuerdo con datos oficiales, solo en 2020, un total de 184 mil 423 mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos; en agosto de este año 18 mil. Los migrantes deportados señalan que no encuentran oportunidades de trabajo en México y problemas de escuela para sus hijos.
“Para el Sistema Educativo Nacional (SEN) mexicano, más deportaciones de migrantes significan más niños y jóvenes que buscarán incorporarse a la escuela para continuar sus estudios. Algunos de estos migrantes tuvieron una larga estadía en EU y habían conformado sus familias en este país; por lo tanto, la mayoría de los menores migrantes que acompañan a sus padres en el retorno a México nació en EU: 69% de los menores inmigrantes nacieron en EU”, reporta el INEGI.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, ha registrado que la inmigración se concentra en algunas entidades: 10 de ellas alojan 61% de los niños, niñas y jóvenes inmigrantes. En orden de mayor a menor número de ellos están: Jalisco, Baja California, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Sonora, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
En “Los desafíos para la inclusión educativa de los migrantes de Estados Unidos a México”, editado por El Colegio de México (Colmex), se dice: Los migrantes de Estados Unidos son sujetos de inclusión escolar de acuerdo con el marco normativo de la SEP. Sin embargo, algunos de ellos han sido excluidos y otros están en proceso de exclusión educativa por la falta de estrategias eficientes para la equidad en el acceso a una escuela y a las oportunidades de aprendizaje.
En esa investigación, las barreras para la educación del migrante se clasifican en estructurales, culturales y sociales. Destacan entre las barreras estructurales: la falta de acceso a escuelas al supeditar la matriculación del estudiante transnacional a la disponibilidad de cupo, a la posesión de documentos de identidad o a los antecedentes escolares, aun cuando por normativa éstos no son requeridos. Entre las barreras culturales sobresalen: las dificultades en el manejo del español de los estudiantes transnacionales y el escaso bilingüismo del personal educativo, al igual que las diferencias socioculturales en los contextos escolares y los contenidos curriculares entre los sistemas estadounidenses y el mexicano.
La intervención del gobierno federal viene desde 1997 cuando se integró el Grupo Sectorial para la Atención Educativa a la Población Jornalera Agrícola Migrante, en donde han participado diversas instancias relacionadas con el tema. Sin embargo, por la complejidad de este grupo poblacional, derivada de su constante movilidad, se planteó hacer frente a diversos desafíos respecto a la educación.
Hace más de dos décadas se trató de definir una política nacional de atención educativa a la población infantil migrante; impulsar acciones ante las instancias responsables del diseño e instrumentación de estudios censales o muestrales a nivel nacional que posibiliten la identificación de la demanda potencial; asegurar la flexibilidad necesaria en los mecanismos y estrategias de administración y control escolar que permitan captar y retener a las niñas y los niños migrantes para así facilitar su continuidad educativa en las escuelas de las zonas de origen y de atracción, y en su tránsito entre las diversas modalidades educativas en operación; y establecer líneas de comunicación, intercambio de información y coordinación con los diversos sectores involucrados en la atención a esta población. Las buenas intenciones ahí quedaron.
A pesar de las acciones institucionales, existen múltiples áreas de oportunidad para mejorar el acceso escolar y eliminar barreras de aprendizaje para la niñez y adolescencia migrante proveniente de Estados Unidos. En la publicación de El Colegio de México se sugieren entre otras algunas acciones en concreto: para superar barreras estructurales es necesario difundir cambios en las normativas desde nacionales hasta locales y escolares, así como entre la comunidad migrante. Transitar de un clima de desconfianza hacia los padres y los estudiantes migrantes a otro basado en los derechos humanos.
“Para enfrentar las barreras culturales y sociales se requiere: diseñar y poner en práctica un protocolo sobre los ambientes de las escuelas en México, así como reglas que faciliten conexiones sociales con maestros y compañeros e identificar grupos vulnerables. Valorar las capacidades lingüísticas de los alumnos transnacionales; impulsar a que tengan, por ejemplo, un rol activo en las clases de inglés. Implementar un protocolo de seguimiento con asesoría psicopedagógica”. Diseñar e implementar un manual de estrategias de educación incluyente enfocado en migrantes y dirigido a los docentes. Impulsar programas de capacitación para directores, orientadores y docentes en áreas de alta recepción de migrantes provenientes de Estados Unidos”.
Dar capacitación a normalistas en educación intercultural enfocada a migrantes. Detectar y focalizar estas acciones en los municipios y las escuelas de mayor densidad de estudiantes transnacionales y de muy baja calidad y disminuir la dispersión de los migrantes recién llegados. Para ello, se propone un programa piloto de escuelas ubicadas donde hay mayor concentración de alumnos transnacionales.
Unido a lo anterior y para evitar la migración y su repercusión en la educación, el gobierno federal debe atender el impacto de la crisis económica, la producción, la competitividad, el financiamiento a la actividad agropecuaria, la reestructuración de la banca de desarrollo dotada de recursos destinados a proyectos rentables de pequeños productores que permitan generar empleos, como lo aseveran Saúl Basurto Hernández y Roberto Escalante Semerena, de la UNAM, y México demuestre que es capaz de satisfacer sus propias necesidades.
