El debate y la disputa sobre el control de la industria eléctrica forma parte del choque inevitable de la lucha de clases.
El gobierno de la 4T no lo quiere aceptar, pero es evidente que se trata de la defensa de ambos polos de intereses antagónicos de clase.
Por un lado, el capital nacional y extranjero ve disminuido su poder económico y capacidad de lucro, ve en el nuevo gobierno pérdida de concesiones y pago de impuesto de acuerdo ala ley; siente y sufre el cambio de la relación que disfrutaba con gobiernos anteriores, que de hecho no eran más que capataces y administradores de ese capital. Diseñaba leyes “a modo” para dar legalidad a contratos leoninos, a subsidios y al despojo impune de nuestros recursos naturales (hidrocarburos, minas, electricidad, etc.). En el otro extremo, el nuevo Estado de la 4T representa el rescate de esos bienes, que son de la Nación, y al mismo tiempo revocar contratos y permisos lesivos al interés colectivo de los mexicanos y paliar la desigualdad social y económica del país.
Ambos polos antagónicos (propiedad privada y propiedad colectiva de la Nación) no son “modos” de hacer política ni ocurrencias de presidentes, son la esencia de la política misma y que identifica para quien se gobierna. Para la plutocracia, cuyo resorte impulsor es el lucro, la ganancia, o para la mayoría de la población pobre y explotada por esa minoría. Todas las reformas a la Constitución, desde Salinas hasta Peña Nieto, tuvieron como centro la privatización de empresas públicas, es decir, ceder a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, lo que los gobiernos anteriores habían estatizado en beneficio de la Nación. Facilitar y “legalizar” el saqueo de la propiedad estatizada. Abrir las puertas, sin trancas ni candados al capital. Y eso no es capricho ni modo individual de tal o cual presidente, es una política neoliberal, entreguista, como la calificara el presidente López Mateos en 1960, cuando estatiza la industria eléctrica y advierte en carta al pueblo de México (publicada en este mismo espacio) lo siguiente: “Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”.
En entrevista, Reynaldo Escobar afirmó recientemente que la “iniciativa presidencial en materia eléctrica se contrapone al artículo 28 constitucional, que dice que están prohibidos los monopolios en el país porque tenemos un régimen de economía mixta, donde el Estado participa junto con la iniciativa privada”. Justamente eso le criticaría al gobierno de López Obrador, no dar reversa a esa reforma hecha por Calderón o Peña Nieto, el haberle quitado el monopolio de las empresas consideradas estratégicas (petróleo, electricidad y energía nuclear) para compartir la renta y las ganancias con empresas privadas cuyo interés es el lucro. Y recuperar para la Nación lo que gobiernos entreguistas cedieron a empresas trasnacionales.
Se pretende llevar al ring de lo judicial a la política nacionalista y reformista de López Obrador. Esta campaña de “judicialización de la política”, donde el Poder Judicial pretende elevarse por encima de los poderes Legislativo y Ejecutivo –dicen los conocedores– es una “dictadura de los jueces”. Y yo me pregunto, como simple ciudadano de a pie, ¿y a estos jueces quién los eligió?
