En el marco de la reforma económica neoliberal impulsada en una gran parte del mundo a partir de la década de los años ochenta, las trabajadoras y los trabajadores de diversos países de América Latina nos enfrentamos a una de las peores agresiones de ese modelo económico, me refiero a la reforma estructural a los sistemas de pensiones, que implicó pasar de un sistema solidario e intergeneracional con beneficios definidos, a un sistema de cuentas individuales a través de administradoras de fondos y aseguradoras privadas, dando así un paso firme a la apertura del mercado en el manejo de los ahorros de las personas trabajadoras.
Los argumentos de los promoventes de la reforma neoliberal a los sistemas de pensiones, se centraron en destacar la ineficiencia y corrupción de los gobiernos en el manejo de los fondos pensionarios, el estancamiento en el crecimiento de contribuciones y los problemas legales para invertir dichos fondos y obtener más rendimientos para garantizar la viabilidad de los sistemas en el mediano y largo plazos.
En contraparte ofrecieron que las cuentas individuales garantizarían a las personas trabajadoras, tasas de remplazo hasta del 70%, un mayor rendimiento de las inversiones, la posibilidad de ahorro adicional del asegurado para incrementar su pensión, una administración eficiente y transparente de los fondos, así como costos razonables gracias a la libre competencia y desde luego, sustentabilidad financiera de los sistemas. En pocas palabras, serían los “salvadores de nuestras pensiones”.
Así, entre 1981 y 2014, unos 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos de pensiones, cuyo fracaso reflejado en la pauperización de los ingresos de los pensionados a costa de las extraordinarias ganancias del sector financiero, llevó a que alrededor de 18 países revirtieran la privatización para el año 2018, y en días pasados Chile anunció también su propuesta de reforma, para pasar de ese esquema privatizador a un sistema mixto.
Las consecuencias en la experiencia privatizadora en México, no han sido la excepción, baste decir que la tasa de remplazo, es decir el monto de la pensión -que al final es el tema de mayor interés de las personas trabajadoras- hasta 2020, no sobrepasaba el 25% considerando el promedio del salario base de cotización calculado en Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Considerando este deterioro, en el Gobierno de la Cuarta Transformación se ha venido repensando el sistema de pensiones, a efecto de ir revirtiendo gradualmente el daño causado a la clase trabajadora con las reformas de 1997 al IMSS y de 2007 al ISSSTE. Por ello fue que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo, impulsaron en el año 2020 una primera reforma al sistema de pensiones del IMSS, misma que entró en vigor el 1 de enero de 2021, con la cual se busca que las tasas de reemplazo para los derechohabientes de esa institución, alcancen a mediano plazo, en promedio el 60%, con un beneficio mayor para las personas trabajadoras cuyo salario base de cotización se encuentre en el rango de una a cinco UMA.
Repensar la seguridad social en México, es ir dando pequeños pasos para beneficiar gradualmente a los diferentes sectores de trabajadores, pero siempre teniendo en el horizonte una reforma integral de gran calado que logre a mediano plazo la construcción de un sistema mixto de pensiones y en el largo plazo la reconstrucción de un sistema de pensiones solidario, intergeneracional con beneficios definidos, administrado por el Estado con honradez y cuyos beneficios y rendimientos coadyuven al bienestar de las trabajadoras y los trabajadores y al desarrollo de México.