Antes de iniciar este artículo haré referencia que el mismo se encuentra inmerso en mi derecho a la manifestación de las ideas y como parte de la comunidad de egresados de la Universidad Veracruzana (UV), que tiene sustento en el numeral 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la convocatoria publicada el pasado 30 de junio, firmada por los nueve integrantes de la Junta de Gobierno.
Para una mejor comprensión de este artículo, es pertinente señalar que a mediados de esta semana se hicieron públicas las entrevistas de los tres candidatos a ocupar la rectoría de nuestra alma máter, proceso que inició con normalidad y durante sus primeras fases fuimos testigos de su acuciosidad y profesionalismo. Hasta aquí parecería que no habría incidente alguno.
Después de haberse hecho públicas esas entrevistas, empezaron a pronunciase diversas voces universitarias, en el sentido de que algunos de los trabajos planteados se encontraban impregnados de inconsistencias académicas que no se pueden pasar por alto ni al inicio de una carrera profesional, pues el plagio es una conducta que riñe con la ética profesional.
Hasta este momento del proceso todo era cuestión de investigar lo conducente, para proceder en consecuencia, pues un grupo de notables son expertos en los principios metodológicos de la investigación.
Lo lamentable fue que lejos de cumplir con ese imperativo, que se traduce en un deber profesional y legal, los miembros de la Junta de Gobierno sacaron un comunicado el pasado 27 de agosto, para indicar a la comunidad universitaria que no se dejarían llevar por voces no autorizadas y que los integrantes iban a realizar su trabajo de conformidad como lo indica el artículo 27 del Reglamento Interior de la Universidad Veracruzana.
En este tenor de ideas, resulta importante señalar que ese comunicado solo sirve para demostrar la intolerancia de la junta académica, en virtud de que la manifestación de las ideas es un derecho humano que sólo se restringe en los términos que señala la ley, y precisamente en el caso que nos ocupa no encuadra dentro de alguna de sus hipótesis.
Bien indica John Rawls en su obra Teoría de la Justicia: ‘’…Algunos grupos políticos en Estados democráticos sostienen doctrinas que llevan a suprimir las libertades constitucionales cuando tienen poder para ello; de nuevo nos encontramos aquí con aquellos que rechazan la libertad intelectual pero que no obstante ocupan ciertas posiciones en la universidad...” (2018, 206). Por eso se concluye que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana es intolerante a los cuestionamientos de la comunidad universitaria.
