Desde 2019 a la fecha, 5 mil 078 personas han sido víctimas de abuso, acoso y hostigamiento sexual en Veracruz, según cifras oficiales. Durante este periodo, la Contraloría General del Estado (CGE) ha registrado 170 casos por presunto acoso sexual en el interior de la administración pública estatal; sin embargo, las mujeres que se han atrevido a denunciar enfrentan la falta de atención oportuna por parte del Estado.
Han transcurrido más de tres años desde que Ana, víctima de acoso sexual y extrabajadora de SESVER (Servicios de Salud de Veracruz), presentó su queja administrativa ante el Órgano Interno de Control (OIC) de esta dependencia, el cual abrió el expediente OIC/SS-SESVER/TyA/1967/2019, con fecha 27 de noviembre del 2019, bajo el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.
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¿Cómo va el caso de Ana en Sesver?
Aunque el resultado de la investigación del OIC de SESVER resultó favorable para Ana, el caso se encuentra en la Contraloría General del Estado y aún no concluye. Luego de una audiencia inicial, con fecha del 10 de noviembre de 2022, donde el presunto agresor no se presentó, Ana sigue en espera de la fecha para los alegatos.
Durante este largo proceso administrativo, Ana –quien prefiere mantener su nombre verdadero en reserva– tuvo enfrentarse a situaciones incómodas frente a Carlos, quien también laboraba en el mismo centro de trabajo.
Cuando Ana tenía que ir al baño, tenía que pasar por el lugar de Carlos. Un día, Ana no pude contenerse y lo confrontó. Le preguntó: “¿cuándo se va a largar?”. Él respondió: “Ya estoy en eso”.
“Fue en ese momento, que vi su mirada: sin vergüenza, sin culpa, sin miedo. Exploté y fui casi llorando a la oficina de la jefa del Departamento”, relata la víctima.
Luego de escuchar los detalles sobre el abuso sexual del que fue víctima por parte de Carlos, la jefa de Departamento miró sorprendida a Ana, con angustia sin saber qué responder. “Simplemente me decía que no lo podía creer, que el señor era un caballero. Le pedí apoyo para no tener que verlo. Me dijo que no tenía justificación para cambiarlo de lugar, que no podía hacer nada sin pruebas. Me sugirió hablar con su jefa”.
¿Cómo denunció su caso de abuso?
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Durante un tiempo Ana sintió el peso de los juicios morales y la culpa. Pero, poco a poco, fue platicando su experiencia con diferentes personas y cada vez con “menos vergüenza”, expresa.
Narra que ha sentido impotencia e indignación ante las omisiones y poca empatía del funcionariado público. También, con el paso del tiempo, decidió abandonar los sentimientos de culpa y vergüenza para buscar justicia.
“Ha sido un camino muy difícil. Económicamente, he tenido que pagar servicios para asesoría y acompañamiento legal. En lo emocional, ha sido un fuerte proceso. He transitado por depresión, ansiedad y, finalmente, por fortalecer lo emocional. Me esforcé para no quebrarme. A veces, no tenía ganas de ir al trabajo y tenía fuertes deseos de regresar con mi familia, pero siempre me ganó el sentido de responsabilidad. Toda esta situación me generó costos emocionales, físicos y económicos.”
Actualmente Ana ya no trabaja en SESVER; sin embargo, su proceso jurídico se mantiene vigente.
Al respecto comenta que ante la falta de respuesta por parte de la CGE, envió una queja por mensajería a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), con fecha de 16 de marzo del 2023, para que su caso sea atendido.
¿Hay más denuncias en el gobierno?
La denuncia de Ana, realizado en noviembre de 2019, es uno de los primeros casos recibidos en el SESVER en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública estatal, luego de la implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de estos delitos, publicado el 8 de marzo del citado año.
De acuerdo con el oficio número SESVER/UG/141/2020, en respuesta a una solicitud de transparencia con fecha 07 de febrero de 2020, durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2019, la Unidad de Género de SESVER tuvo conocimiento de dos casos (uno por hostigamiento sexual y otro de acoso sexual) cometidos en contra de dos trabajadoras.
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Posteriormente, el 18 de febrero de 2021, mediante la Unidad de Género, la dependencia estatal informó haber recibido 12 denuncias o quejas por hostigamiento sexual o acoso sexual, entre el 2 de diciembre de 2019 al 1 de diciembre de 2020.
Según consta en el informe correspondiente al oficio SESVER/UG/073/2021, dentro de las 12 personas en calidad de víctimas se encuentran una coordinadora, seis pasantes, un médico general, una enfermera, una auxiliar administrativo, un guardia y una trabajadora que no es personal de SESVER.
Por parte de las personas servidoras públicas denunciadas se encuentran dos supervisores, cinco médicos, un odontólogo, un jefe de pasantes, un encargado de área, un lavandero y un archivista.
Desde ese tiempo a la fecha no se ha establecido sanción para los agresores, según consta en el oficio SESVER/UG/417/2022, con fecha 28 de julio de 2022 y según el apartado de transparencia de SESVER, relativo a “Sanciones administrativas a los servidores”, correspondientes a los ejercicios fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023, consultado con fecha 4 de abril de 2023.
En su portal de Transparencia, la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Administración de Personal de SESVER, indica “no se han notificado sanciones administrativas definitivas a servidores públicos”.
Y, agrega, “es importante hacer mención que una vez emitidas las resoluciones por los entes correspondientes, el servidor público sancionado puede interponer el recurso de impugnación correspondiente ya sea, en su caso, ante la misma dependencia o ante los Tribunales, por lo que hago de su conocimiento que a la fecha no se ha recibido en esta Subdirección a mi cargo, sentencia alguna del Tribunal por faltas administrativas que haya causado estado para todos sus efectos legales.”
En este año, a través de publicaciones en medios locales, se han dado a conocer más quejas por acoso y hostigamiento en la Secretaría de Salud del Estado: dos casos registrados en el Hospital Río Blanco, por parte de autoridades de los Servicios de Salud de Veracruz; un caso más en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN).
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De acuerdo con lo informado a medios de comunicación, por parte de la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, actualmente existen 170 expedientes por presunto hostigamiento y acoso sexual al interior de las dependencias estatales, de los cuales el 50 por ciento de los casos se encuentran en integración.
Según lo expuesto por la funcionaria estatal, la CGE ha inhabilitado a dos funcionarios públicos que, se comprobó, incurrieron en acoso y hostigamiento sexual.
Por su parte, las estadísticas del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) refieren que, entre enero de 2019 a febrero de 2023, en Veracruz se han denunciado 3 mil 438 delitos de abuso sexual, 16 por acoso sexual y mil 624 delitos de hostigamiento sexual.
¿Son reconocidas las víctimas en las dependencias de gobierno?
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A partir de su experiencia, Ana considera que las víctimas de acoso sexual no son reconocidas, “ya que los titulares de gobierno ponen en duda la grave situación de violencia que se vive en el estado”.
También señala que las autoridades estatales no deberían formular discursos ofensivos porque generan el riesgo de invisibilizar a las víctimas. “La función de las autoridades no es invisibilizar, sino garantizar medidas de no repetición para erradicar actos de violencia en todos los espacios públicos y privados.”
“Negar la violencia de género no hará que desaparezca. No es una cuestión de cifras, independientemente que sean 10 o 100 casos, las autoridades están obligadas a dar atención, sancionar y erradicar las conductas de acoso y hostigamiento sexual en las instituciones estatales”, apunta.
Señala que la demora en los procesos administrativos y la falta de sanciones ante casos de acoso y hostigamiento sexual en la administración pública, exhiben la falta de interés hacia las víctimas, “y demuestran mayor interés por mostrar la inocencia de los agresores y la falta de compromiso por reconocer la situación de vulnerabilidad de las víctimas.”
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Asimismo considera que el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, debería estar respaldado por un fuerte posicionamiento del gobierno estatal, en el que se pronuncié por una “verdadera intolerancia hacia la violencia contra las mujeres y no sólo una burda simulación.”
