Este artículo no pretende ser una apología de la democracia mexicana, mucho menos denostarla por su historia y sus pendientes; más bien se enfoca al cauce que debe tener la voluntad popular, en una de las formas en que toma sentido social la democracia representativa: el gobierno y su administración pública.
La nuestra ha sido ciertamente una democracia que ha ido abriéndose paso dentro del autoritarismo mexicano, sin que por fortuna la violencia generalizada haya sido la constante, y ayer, primero de julio, ha tocado el fin de una etapa más.
¿Conciencia social in crescendo?, ¿despertar de la voluntad para el ejercicio de la ciudadanía? Un poco de esto, pero sobre todo una sociedad que desea avanzar en justicia social y obtener mayores oportunidades en lo individual. El nuestro, ya es un tiempo donde la sociedad se mira desde lo individual, para que la suma de los progresos personales constituya una nación próspera.
Apenas hace dos décadas, la democracia parecía un tema exclusivo de estudiosos occidentales de las ciencias sociales, dentro de una sociedad mexicana que guardaba sus reservas. Las altísimas expectativas hacia algunos políticos, de alguna manera parten de la lozanía y confianza del valor que ha cobrado nuestro voto, como medio para forjar mejores destinos.
En lo personal, en la década de los noventa pensaba que cada vez más entendía los fundamentos y el sentido de la democracia, en la medida en la que, por años, me iba convirtiendo en un asiduo lector de Giovanni Sartori, Robert Dahl, Maurice Duverger y sobre todo del italiano Norberto Bobbio. Sin embargo, nuestro México de aquellos días se veía tan alejado de elecciones democráticas.
A excepción de Bobbio, me hubiera gustado más profusión de estos pensadores respecto a las amplias diferencias y vinculaciones que existen entre la política y la administración pública. Sí hay una línea fuerte que las une, pero en sus orillas hay ámbitos profundamente diferentes. Pongo el siguiente caso imaginario:
En política, diferentes grupos pudieran discutir respecto a los embarazos no deseados y del polémico aborto en adolescentes. En tanto los grupos involucrados no llegaran a convenir para legislar de lo que estaría permitido y pusieran en la balanza sus principios éticos y valores, en esa sociedad en particular correspondería a la administración pública dar atención a todas las jóvenes en esta situación de vulnerabilidad, con programas de asistencia para la salud, educación, alimentación, etcétera.
Ahí se marca la diferencia. En la política se juzga y hay permanente lucha de interés y valores; mientras que en la administración pública hay que atender con profesionalismo tantos problemas como se observan en la sociedad, sin juzgar a quienes presenten la vulnerabilidad y siempre buscando ampliar la cobertura de atención con calidad y equidad.
Una administración pública conocedora de sus responsabilidades sociales debe actuar en beneficio de la sociedad, más aún cuando se trata de otorgar servicios básicos. Su eficiencia no debe ser cuestión de política, sino de experiencia y profesionalismo en cada ramo de servicio.
