Para decirlo llanamente un Estado de derecho es aquel donde se aplica la ley sin distingos. Así de sencillo. Son las sociedades donde los jueces tienen la última palabra no sólo en la vida civil de las personas, sino también en relación a la conducta de los gobernantes. Sin embargo, no basta con la existencia de jueces independientes, es condición necesaria que haya también fiscales independientes; en materia penal los jueces esencialmente deciden sólo los casos que les presenten los fiscales. En México el presidente de la República decidió tener un fiscal a modo, a la manera tradicional y no uno independiente. Las consecuencias ya están a la vista. En Michoacán durante un mes los líderes y un grupo de profesores pertenecientes a la CNTE se apoderaron de las vías férreas y carreteras del puerto Lázaro Cárdenas; estrangularon la entrada y salida de mercancías del puerto del Pacífico más cercano al centro del país. Casi 30 mil millones de pesos perdidos. Esa conducta es constitutiva de un delito. ¿Intervino la policía? ¿La Fiscalía General de la República ejerció penal en contra de alguno de ellos? No. Por otro lado, el presidente López Obrador habla prácticamente todos los días de actos de corrupción, ¿y acaso se ha procedido penalmente contra de alguien? Llegó a decir que para proceder legalmente contra los expresidentes haría una consulta pública, como si estuviéramos en tiempo de Poncio Pilatos. Y más recientemente (Diario de Xalapa, 1/III) ante la “toma” de algunas casetas de cobro en carreteras federales —con pérdidas de 400 millones de pesos al día—, el presidente dijo: “Donde se considere que hay una ilegalidad, que no es por un acto de justicia que se esté pidiendo que se atienda una injusticia… se va a presentar denuncia ante la autoridad competente…”; o lo que es lo mismo, se trata de una justicia selectiva. Donde al presidente le parezca que la causa es justa como en lo de Michoacán, aunque los delitos sean patentes, no habrá denuncia, como tampoco la hubo en el caso de las casetas de cobro. El problema no es asunto menor ni puede quedar como una ocurrencia presidencial más. Sin Estado de derecho se inhiben las inversiones, y sin éstas no hay empleo. Por otro lado, el ejemplo de Fuente Ovejuna cunde: si la autoridad no aplica la ley, la gente la toma en sus manos como ocurrió en una comunidad de Minatitlán: los vecinos lincharon y privaron de la vida a un probable feminicida. Y en otros lados también.
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